Fuentes del Ejecutivo admiten que esa es la posición que siempre ha defendido el PSOE y eso no puede “sorprender a nadie”, aducen tras el enfado expresado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Así las cosas, en el seno del Gobierno confían en que la justicia belga -que es la competente- acceda a las peticiones de la Justicia española cuando se produzcan, aunque admiten que “no tienen información” sino deseos de que “se proceda a los requerimientos de la Justicia española”.

Públicamente, el Ejecutivo mostró este martes su “satisfacción” por la retirada de la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí.

Lo trasladó la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, cuando se le preguntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la decisión del Parlamento Europeo y sobre el hecho de que Unidas Podemos votase distinto a sus socios socialistas.

De hecho, la portavoz aseguró que esa posición diferente en este caso por parte de los dos socios de Gobierno “no ha sido objeto de comentario ni formal ni informal” en el seno del Ejecutivo. Montero defendió que esta postura de la formación “mayoritaria” del Ejecutivo se conocía y “esto no implica ningún tipo de modificación” en la relación con otras formaciones que han defendido lo contrario a los socialistas en el Parlamento Europeo.

Ante el “malestar obvio” manifestado por Rufián, la ministra insistió en que “ERC de sobra conoce” cuál era la posición del PSOE y se mostró “convencida de que eso no va a afectar para nada a las relaciones con las diferentes formaciones políticas”. “No lo interpreto como una amenaza, sino como el malestar lógico de ERC, que no comparte para nada la posición de los socialistas en el Parlamento Europeo”, sostuvo.

Montero insistió en que “lo importante” es que se haya accedido al suplicatorio y que la Justicia pueda juzgar por qué hubo “una imposición unilateral” por parte del Ejecutivo liderado por Puigdemont, unos “hecho graves”.

Y con ese trasfondo, insistió, “se debe producir el diálogo” entre los que “pensamos distinto” para poner fin la crisis de convivencia en Cataluña. “Todos somos conscientes de lo que pretende el otro y es obvio y evidente que tenemos que seguir encauzando, en la actitud de tender la mano, de dialogo y actitud constructiva que permita superar esta crisis de convivencia”, resumió.

La portavoz animó a las formaciones políticas en Cataluña a una “pronta” constitución de Gobierno autonómico, tras las elecciones del 14-F, y que se pueda encauzar el “diálogo” político.

Fuentes del Ejecutivo remarcan que la posición en el Parlamento Europeo de PSOE y Unidas Podemos se debe a lo que cada partido representa, pero que como Gobierno se han limitado -al menos en la parte socialista- a apoyar a otro poder del Estado, el Judicial, en lo que a la situación de Puigdemont y sus exconsejeros se refiere por cuanto vulneraron la legalidad vigente.