Durante su intervención para exponer la proposición, que persigue la mejora del proceso de reclamaciones de los usuarios del transporte aéreo, el diputado José Ramón Ortega precisó que el actual funcionamiento de dicho proceso en el ámbito aéreo “es mejorable” y genera “gran insatisfacción en el consumidor”.

Se trata, a su juicio, de un procedimiento “farragoso”, que, además, se ha visto complicado por el volumen de las cancelaciones derivadas de la pandemia y la propuesta busca mejorar “sustancialmente” los procedimientos de reclamación en el ámbito del transporte aéreo y evitar una “sobrecarga judicial innecesaria” para resolverlos, según puntualizó el grupo socialista en la Cámara Baja.

Así, la iniciativa pide que la Cámara inste al Ejecutivo central a impulsar la acreditación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como entidad de resolución alternativa en el ámbito de protección de los usuarios del transporte aéreo, conforme a la Ley 7/2017 por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Asimismo, solicita que se regule un procedimiento de resolución alternativa de litigios para la protección de los usuarios del transporte aéreo ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, “de aceptación obligatoria y resultado vinculante para las compañías aéreas”.

MECANISMO VINCULANTE

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya mostró en mayo de 2020 durante su comparecencia en esta misma Comisión el interés de su departamento por “fomentar” un mecanismo extrajudicial de resolución de reclamaciones en el sector del transporte aéreo que sea “vinculante” para las aerolíneas.

Garzón admitió entonces que el sector del transporte aéreo suponía la "mayor preocupación" para su gabinete, dado que, en aquel momento, la AESA ya había calculado unas 700.000 reclamaciones pendientes por cancelación de vuelos.

El titular de Consumo recordó que las aerolíneas tienen la “obligación legal” de devolver el dinero a los usuarios afectados, pero admitió que, “realmente”, no existen “mecanismos extrajudiciales que obliguen a esas empresas” y que el "recorrido" que tiene que hacer un consumidor en caso de que no haya una resolución "rápida" con la aerolínea es "ir a los juzgados”.

"Un recorrido tan costoso en términos de tiempo y, a veces, de dinero que la mayor parte de la gente no lo recorre”, lamentó entonces, al tiempo que criticó que las compañías “se van de rositas porque la barrera de entrada para poder acceder a esa resolución es muy alta”.

Para Garzón, “no puede ser” que los consumidores tengan que acudir a la justicia para, “en última instancia", recibir la devolución de un ticket "al que tienen derecho en cualquier caso".

“Es un problema que tenemos que abordar estructuralmente y de manera coyuntural”, alertó, al tiempo que recordó a las aerolíneas que "tienen que devolver ese dinero" y que su ministerio "va a trabajar para garantizar esa devolución” que se debe realizar "por sentido común". “Recurrir a un sistema arbitral de consumo, fomentarlo y reforzarlo es un elemento para este ministerio fundamental en el trabajo con las comunidades autónomas”, resolvió.