Su explicación la ofreció a preguntas directas después de que el Gobierno decidiese convocar el viernes un Consejo de Ministros extraordinario para una aprobación que se esperaba hoy, y que Unidas Podemos divulgase sus demandas para el plan.

Entre otras, la formación morada pide que 8.000 millones de los 11.000 millones sean ayudas directas, que no se otorguen vía comunidades autónomas y vayan a empresas de cualquier sector, condicionadas a que haya tenido una caída de ingresos de, al menos, el 30% y garantice el mantenimiento del empleo.

Según Montero, el retraso se “debe a una cuestión claramente y puramente técnica” de acabar de perfilar algunos elementos que componen “un decreto ley que es complicado en el terreno jurídico y que estamos sometiendo a diferentes opiniones para ver cómo lo terminamos de abordar”.

Los cambios tendrían que ver, precisamente y según detalló, precisamente con la necesidad de “afinar algunos de los elementos que han sido o bien objeto de sugerencia o objeto de comentario por parte de los órganos consultados y que nos parece importante ponerlo en valor”.