Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz indicó que el Ejecutivo regional no conoce la sentencia con detalle y que esperará a ver su contenido exacto para decidir si “es posible legalmente pedir una indemnización” ya que indicó que los beneficios fiscales establecidos por el Gobierno vasco para las empresas que se instalaran en su territorio “perjudicaban” claramente a las comunidades limítrofes, como Castilla y León, pese a lo cual recordó que fueron “aplaudidos” por los socialistas regionales.

Asimismo, destacó que esta sentencia es “similar” a la fallada hace unos meses ya que obliga a las empresas afectadas y al Estado a devolver el dinero, aunque remarcó que al Ejecutivo central parece que “le da igual”.