El expediente tuvo su origen en un escrito que Puertos del Estado remitió a la CNMV para denunciar determinados puntos de ese acuerdo suscrito en 2016 y cuya vigencia estaba prevista hasta junio de 2022.

Las cláusulas denunciadas implicaban que cualquier empresa de servicios de amarre y desamarre que necesitara contratar a nuevos trabajadores en el Puerto de Algeciras debería contratar con carácter preferente a trabajadores que hubieran cesado su relación laboral con Marítima Algecireña y estuvieran incluidos en su bolsa de trabajo.
Además, establecía la obligación de contratarlos con carácter indefinido, pagarles un complemento retributivo de 300 euros mensuales y un incentivo por objetivos de 450 euros mensuales cuando la empresa alcanzara una cuota de mercado del 30% o superior.
Competencia abrió expediente al entender que las cláusulas del Acuerdo de Estabilidad del Puerto de Algeciras podían restringir la libertad de contratación de las empresas. Concretamente, imponían los trabajadores que se debían contratar, homogeneizaban los costes salariales y limitaban la autonomía de cada empresa para competir. Por tanto, podía producirse una asimetría entre Marítima Algecireña y el resto de empresas, con el riesgo de penalizar a estas últimas.
COMPROMISOS

En junio de 2019, la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) y la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) solicitaron la terminación convencional del procedimiento al que posteriormente se adhirieren el resto de las partes incluidas en el expediente sancionador, los sindicatos CCOO, UGT y el Sindicato de Actividades Marítimas del Estado Español.

Todas las partes se comprometieron a eliminares de la bolsa de trabajadores de contratación obligatoria y varios complementos salarial, así como a abstenerse de suscribir en el futuro acuerdos que contengan cláusulas equivalentes o idénticas.

“La CNMC entiende que los compromisos presentados resuelven de manera clara e inequívoca las conductas investigadas, ya que se eliminan las cláusulas controvertidas que pueden limitar la competencia y las que afectan a la libertad de contratación”, señala el regulador en un comunicado.