Así lo trasladaron a Servimedia fuentes cercanas a las negociaciones que la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, viene realizando en nombre de la Vicepresidencia Segunda, y en las que está como contraparte socialista el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.

Este jueves, ambos equipos anunciaron que están muy cerca de incluir en la próxima Ley de Vivienda el mandato de que, antes de ejecutar un desahucio, los juzgados deban solicitar un informe a los servicios sociales: si éstos notifican que los residentes están en situación de vulnerabilidad, las comunidades autónomas tendrán que ofrecerles una alternativa habitacional digna antes del lanzamiento.

En Unidas Podemos resaltan que la perpetuación en forma de ley de una medida inicialmente temporal para la emergencia actual es un logro que el PSOE descartaba acometer hasta hace 15 días.

Sin embargo, una de las fuentes consultadas expresó sus dudas sobre si este avance induce a pensar que los socialistas terminarán accediendo también a regular el alquiler, o, por el contrario, lo ofrecerán como concesión a cambio de que la Vicepresidencia Segunda renuncie a dar a las comunidades autónomas o ayuntamientos instrumentos para fijar un precio máximo en las zonas urbanas que cataloguen como “tensionadas”.

Este cambio de cromos es lo que descarta Unidas Podemos, que avisa de que no cejará en su empeño de dar a comunidades y ayuntamientos esta “herramienta muy potente”, que exigen otras siete fuerzas parlamentarias potencialmente aliadas del Gobierno y también los colectivos de vivienda, y que el PSOE pactó en el acuerdo de gobierno en enero de 2020, en un anexo al acuerdo de Presupuestos de octubre y el pasado martes como parte de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que aprobó el Consejo de Ministros.

El artículo 2.9.3 del acuerdo de gobierno rezaba literalmente: “Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica (….). El objetivo (…) es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.

PRESUPUESTOS Y ESTRATEGIA 2030

El acuerdo firmado la víspera de la aprobación del anteproyecto de ley de Presupuestos, que Unidas Podemos puso como condición para apoyarlo, se refería expresamente a la eventual Ley Estatal de Vivienda, establecía que se llevaría al Consejo de Ministros “en un plazo máximo de tres meses“, que ya caducó a final de enero; que serían “coproponentes” el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Vicepresidencia Segunda y que incluiría la citada habilitación a las comunidades y ayuntamientos para establecer su índice de precios y declarar zonas tensionadas.

Finalmente, las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 aprobadas el martes en el Consejo de Ministros establecen la necesidad de poner “freno a las subidas abusivas del alquiler, impulsando las normativas necesarias para ello, entre las que debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios”.

“Dicha cuestión será, tal y como establece el compromiso del Gobierno de España, una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda”, se explicita claramente en la Estrategia. Fuentes cercanas a la Vicepresidencia aseguraron a esta agencia que se remitió el texto con días de antelación a todos los ministerios y que éstos dieron su visto bueno, aunque no pueden confirmar que se leyeran sus 140 páginas y supieran, por tanto, lo que estaban firmando.

Con todos estos antecedentes, si el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ignorara la promesa de hacer a la Vicepresidencia de Iglesias coproponente y llevara unilateralmente el proyecto de ley al Consejo de Ministros sin incluir esta forma de regulación del alquiler, sería “tan flagrante el incumplimiento y son tantos los partidos implicados que el PSOE no es consciente de la que se podría liar”, sintetiza una de las fuentes consultadas.

Además del índice de precios y la facultad de fijarlos por parte de comunidades y ayuntamientos, fuentes cercanas a las negociaciones explicaron que el equipo de Belarra está reclamando obligar a los grandes tenedores de vivienda a sacar el 30% de sus pisos a alquiler social y establecer un impuesto estatal a la vivienda vacía con un tramo autonómico.

No obstante, primero habría que acotar en la propia ley lo que es una vivienda vacía y lo que es un gran tenedor. Unidas Podemos quiere considerar gran tenedor a quien posea al menos cinco inmuebles, pero el PSOE prefiere mantenerlo en diez, como contemplaba el decreto que paralizó los desahucios. Los socialistas también prefieren ofrecer incentivos a los propietarios a fijarles impuestos u obligaciones.

SÁNCHEZ E IGLESIAS

Es probable que la Ley de Vivienda sea uno de los temas que aborden el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio Iglesias, en la reunión personal que mantendrán “seguramente” esta semana. Según las fuentes consultadas, estaba prevista como una comida el pasado jueves, pero el día anterior Moncloa avisó a la Vicepresidencia de que Sánchez tenía la agenda ocupada y prefería mantener la reunión “más tranquilamente” en los próximos días.

No obstante, en Unidas Podemos atribuyen al encuentro más expectación mediática que contenido urgente. Según la versión que trasladaron a Servimedia, las reuniones del presidente y el vicepresidente “tienen su propia dinámica” y se celebrará porque llevan tres semanas sin mantenerlas “y se impone que se vean”, pero no porque tengan que arreglar ningún asunto o desacuerdo de urgencia entre sus respectivas formaciones; los encuentros para salvar momentos críticos suelen ser improvisados.

Así, desde el entorno de Iglesias se resta importancia a los desencuentros que han tenido lugar en los últimos días o semanas, respecto a la Ley de Vivienda, las leyes del Ministerio de Igualdad o la supuesta reunión de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, con los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán, a quienes Unidas Podemos considera "socios" del excomisario José Villarejo, y por la cual el grupo confederal ha pedido, junto a ERC y EH Bildu, la comparecencia de aquélla.

También descartan que el eventual acercamiento de Sánchez al PP para pactar la renovación del CGPJ sea un movimiento del presidente de Gobierno en respuesta a estas desavenencias internas. A su modo de ver, esta nueva relación obedece a una mecánica que conviene a los dos grandes partidos, para equilibrar la alianza del PSOE con Unidas Podemos y mitigar el protagonismo de Vox a costa del PP. Y, a la vez, interpretan que este acercamiento de los socialistas a los populares excluye, por definición, la perspectiva de unas elecciones generales adelantadas a las que al PSOE no le convendría presentarse mostrando sintonía con el PP.