Esta reforma ha sido elaborada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que llevará este viernes al Consejo de Ministros dos anteproyectos de ley que pretenden cambiar sustancialmente la instrucción penal en España.

Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia, Caamaño someterá al estudio del Ejecutivo un anteproyecto de ley orgánica de derechos fundamentales en el proceso penal, a lo que se sumará otro anteproyecto de ley ordinaria sobre un nuevo sistema de enjuciamiento criminal.

Las fuentes consultas explicaron que Justicia pretende que el Gobierno dé este viernes luz verde a los dos anteproyectos, de manera que sean enviados para los preceptivos informes del CGPJ y del Consejo Fiscal. El departamento de Caamaño pretende que este trámite esté resuelto en octubre, de manera que la reforma pudiera ser tramitada antes de las elecciones generales de marzo del año que viene.

“AGENTES ENCUBIERTOS”

Desde Justicia se asegura que la reforma que se formula pretende introducir en España “un nuevo modelo de proceso penal, totalmente distinto” al que existe en estos momentos.

Un primer elemento del modelo que se plantea es que la instrucción de los procesos penales sea llevada por los fiscales, que serán también los encargados de informar a la opinión pública en esta fase de investigación. La labor del fiscal será tutelada por un “juez de garantías”, al que se podrán dirigir las partes.

Una vez que la investigación esté finalizada, será un “juez de la audiencia preliminar” el que decida si se sienta en el banquillo a un acusado. Finalmente será otro tribunal el que juzgue al acusado y decida o no sobre su inocencia.

El departamento de Caamaño sostiene que este proceso incluye más garantías para los investigados, a lo que se suma el hecho de que la reforma contempla toda una serie de derechos para los potenciales acusados. De esta forma se crea el “Estatuto de las víctimas” y se regulan aspectos como la intervención de comunicaciones telefónicas o el registro de ordenadores personales.

Otros aspectos novedosos son que se detalla todo lo referido a los “agentes infiltrados” para las investigaciones penales y se delimita el alcance de la acción popular. En concreto, no podrán valerse de este instrumento de acusación ni partidos políticos ni sindicatos.

Asimismo, otro de los puntos que es el referido al secreto de las actuaciones judiciales y la protección de la intimidad de los potenciales acusados. En concreto, el fiscal será el encargado de canalizar la información en el proceso de instrucción, al tiempo que oficialmente no se podrán dar los nombres ni distribuir las imágenes de los investigados hasta que no haya acusación formal.