Según recuerdan en el escrito, la actual situación pandémica “no ha supuesto el decaimiento en absoluto del derecho de reunión y manifestación” y subrayan que la convocatoria “no entraña la potencialidad de que se convierta, ni de lejos, en una concentración masiva o en una manifestación” y que se produciría en un espacio público “al aire libre y amplísimo”.

“El riesgo que entraña esta concentración no es superior, en absoluto, al que pueda existir, por ejemplo, en cualquier gran comercio de la Comunidad de Madrid, cuya actividad, como se sabe, está perfectamente permitida”, alegan en el escrito, al tiempo que precisan que se trataría de una concentración “ya de por sí limitada y autocontenida”.

Además, los convocantes puntualizan que, en su caso, el riesgo de contagios “es mínimo”, y aseveran que no existen argumentos para confirmar que su concentración vaya a coincidir con ninguna otra que haya de producirse en el mismo espacio elegido.

Por todo ello, solicitan al tribunal la admisión de este recurso contencioso-administrativo especial para la protección jurisdiccional del derecho fundamental de reunión del artículo 21 de la Constitución contra la resolución del delegado del Gobierno en Madrid, al entender que “limita sustancialmente” dicho derecho “sin motivación o con motivaciones insuficientes”.

En este sentido, piden que se proceda a la revocación y anulación de la resolución impugnada y la suspensión de la ejecución de la misma.

La Delegación del Gobierno ha contabilizado más de un centenar de concentraciones y manifestaciones convocadas en toda la Comunidad Autónoma entre el 6 y el 8 de marzo, la mayoría relacionadas con el 8-M.