El sistema de prescripción de principio activo, que lleva ya 10 años funcionando en Andalucía, obligará la dispensación del medicamento más barato de cada principio activo, exceptuando aquellos casos en los que por razones terapéuticas o de salud no se pueda producir la sustitución.

Una iniciativa que según la consejera andaluza, María José Montero, ha supuesto un ahorro de 1.000 millones de euros en su comunidad.

Esta medida se sustanciará en un decreto que Pajín llevará, "lo antes posible" al Consejo de Ministros. Además, cuenta con el apoyo de la Organización Médica Colegial (OMC), ya que esta organización la incluyó en su recién aprobado Código Deontólogico.

Otras de las medidas acordadas en este primer Consejo Interterritorial, tras las elecciones del 22-M, es rebajar un 15% el precio de los medicamentos con más de 10 años desde su registro, que no tengan un genérico en el mercado, así como lograr que la tarjeta y la receta electrónica, sean iguales para todas las comunidades y que la historia clínica digital esté "interoperable" en todo el territorio en 2012.

También se impulsarán los sistemas de dosificación personalizada en las farmacias, sobre todo, para pacientes crónicos polimedicados. El Consejo acordó también crear un comité de selección de medicamentos, integrado por expertos de las comunidades y del Ministerio de Sanidad, que realizará informes sobre coste-efectividad en la incorporación de nuevos fármacos al Sistema Nacional de Salud.

Con esta medida, explicó la ministra, no se trata de dejar fuera de la prestación farmacéutica a ningún medicamento que aporte ventajas sustanciales en el tratamiento de las enfermedades, sino de asegurar que se pueden incorporar esos medicamentos a la prestación pública, diferenciándolos claramente de aquellos que tienen una aportación irrelevante.

Por otra parte, se establecerá un sistema de compensación a las farmacias de núcleos pequeños de población (menores de 1.500 habitantes), modificando el margen para compensar la atención farmacéutica que prestan en estos lugares.

Por último, la ministra de Sanidad, Política Social el Igualdad anunció también que propondrá al Consejo de Política Fiscal y Financiera que, de los 8.000 millones de euros adicionales con que contarán las comunidades autónomas para sus presupuestos de 2012, la mayoría se destine a Sanidad, y se mostró partidaria de crear los mecanismos necesarios para que "efectivamente" ese dinero sea para el gasto sanitario.