Los nuevos acuerdos también contemplan la puesta en marcha de actuaciones concretas que consigan la implementación de procesos integrales de inclusión sociolaboral de personas presas.

El primero de los convenios suscritos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Justicia y Administración Pública, concreta la colaboración en el ejercicio de las funciones relativas a la ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), así como de las suspensiones y sustituciones de las penas privativas de libertad.

A partir de ahora, los Servicios de Cooperación con la Justicia, dependientes del Departamento de Justicia y Administración Pública, en concreto de la Dirección de Justicia, recibirán para su ejecución aquellas resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma en las que se imponga una pena de TBC o se acuerde la suspensión o sustitución de una pena privativa de libertad.

Es decir, realizarán tareas como citaciones de penados, entrevistas, elaboración de planes de ejecución o planes individuales de intervención y seguimiento. También búsqueda de recursos o plazas para cumplir una TBC, de las derivaciones a los mismos de los penados y del seguimiento de unos y otros.

Tras la firma del convenio, los servicios de la Viceconsejería de Justicia asumirán ese trabajo de manera ordenada y con cobertura normativa. El acuerdo no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. Tampoco conlleva la renuncia del Gobierno Vasco al pleno desarrollo de las competencias que en materia penitenciaria refleja el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

“Los anteriores gobiernos estaban en la postura del todo o nada. Nosotros, en cambio, hemos asumido recientemente la transferencia a Osakidetza de la asistencia sanitaria en las prisiones vascas. Y ahora asumimos la responsabilidad de la gestión de todas las penas que se cumplen fuera de los centros penitenciarios. Euskadi no renuncia a la transferencia total de Prisiones, pero la firma de este convenio es un paso muy importante en la mejora de la gestión de las penas en los centros radicados en Euskadi”, ha manifestado la consejera Idoia Mendia.

El otro convenio de colaboración rubricado con Instituciones Penitenciarias hace referencia a la puesta en marcha de una serie de actuaciones concretas que consigan la implementación de procesos integrales de inclusión socio-laboral de personas presas que cumplen condena en los establecimientos penitenciarios de Euskadi.

Tras su firma, Instituciones Penitenciarias se compromete a seleccionar a las personas candidatas a participar en estos programas de reinserción, así como a controlar, supervisar y evaluar conjuntamente con el Departamento de Justicia los mismos.