Así lo pone de manifiesto un nuevo estudio elaborado por Amnistía Internacional, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Union a partir de los datos facilitados por gobiernos, sindicatos y organizaciones profesionales de 70 países. El estudio admite no obstante que muchas estadísticas están infraestimadas.

En el estudio, se alerta además de las “crecientes desigualdades en el acceso a las vacunas” y se piden medidas para asegurar que “un trabajador de la salud de Perú esté tan protegido como una médica en reino Unido”.

De momento, “más de la mitad de las dosis disponibles en todo el mundo se han administrado en tan sólo 10 países ricos donde vive menos del 10% de la población mundial”, indica el informe, mientras que “en más de 100 países aún no han vacunado ni a una sola persona”.

Dado que muchos de los Estados más pobres van a recibir sus primeros lotes de vacunas en las próximas semanas y meses, las organizaciones pidieron a los gobiernos que incorporen en sus planes de vacunación a todo el personal sanitario de primera línea, incluidos algunos trabajadores que han sido ignorados de forma sistemática durante toda la pandemia (personal de limpieza, de salud comunitaria y de servicios sociales).

Según Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, “cada 30 minutos muere de Covid-19 un trabajador o trabajadora de la salud” en el mundo. “Es una tragedia y una injusticia”, lamentó.

“El personal sanitario de todo el mundo ha arriesgado su vida para intentar protegernos frente a la Covid-19 y, sin embargo, en demasiados casos lo han hecho sin contar con protección alguna, y han pagado el peor precio por ello”, destacó.

Por eso, las tres organizaciones instaron a los gobiernos a dar prioridad a los trabajadores de la salud en sus planes de vacunación y reclamaron medidas urgentes para acabar con las desigualdades en el acceso a las vacunas, que “no paran de aumentar”.