Así lo revela el informe "Destrucción a toda costa", que esta organización elabora desde hace 11 años para evaluar la situación del litoral. En esta ocasión, avisa de que los puertos "han tomado el relevo al ladrillo".

Según este estudio, en España "se está formando una 'burbuja infraestructural'", con "un exceso de proyectos portuarios sin justificación económica". Los ecologistas aseguran que estas obras generan "un alto coste medioambiental" y que, en ocasiones, "están asociados a la especulación del suelo u operaciones de dudosa legalidad".

Según expuso en rueda de prensa la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, el organismo público Puertos del Estado ocupa actualmente más de 200 kilómetros con sus dársenas y muelles, "la distancia que llevaría caminar entre Valencia y Mallorca".

Esta experta aseguró que "sólo en 2010", el Ministerio de Fomento ha invertido 911 millones de euros en grandes obras portuarias. Así, afirmó que 12 puertos de interés general (gestionados por las diferentes autoridades portuarias) están en obras, y que otros 14 proyectan ampliaciones "que implican ganar terreno al mar".

"Muchos de ellos, además, compiten entre sí, lo que supone que se están gestando 'puertos fantasma' que no tendrán barcos en el futuro", añadió Marcos.

Entre sus principales "impactos", destaca la destrucción de especies, marismas y deltas y los perjuicios que, en su opinión, genera a otras actividades de "gran interés", como la pesca y el turismo sostenibles. "Una costa sana puede dar hasta 41 euros por hectárea al año. Es eso lo que tenemos que primar", prosiguió Marcos.

Entre otros casos, destaca los "impactos en el Parque Nacional de Doñana" del dragado del Guadalquivir que ejecuta el Puerto de Sevilla, la "constante" expansión del Puerto de Tarragona sobre espacios protegidos, los "planes faraónicos" de la Autoridad Portuaria de Valencia "para ganar 153 hectáreas al mar" y el "relleno con hormigón de áreas naturales intermareales de alto valor ambiental" en Santander.

Sin embargo, Greenpeace asegura que es el puerto de Granadilla (en Santa Cruz de Tenerife) el que "describe el mejor ejemplo de todo el país de una infraestructura portuaria sin justificación ambiental ni económica".

UNA MORATORIA

Los ecologistas piden un cambio de modelo de desarrollo en las políticas portuarias estatales y reclama "urgentemente" una moratoria a las nuevas obras de ampliación.

"Aún estamos a tiempo de llegar a buen puerto", concluyó la directora ejecutiva de la organización, Miren Gutiérrez.