Así lo indicó la consultora PwC durante la presentación del informe ‘La industria del juego en España. Retos actuales y futuro post Covid-19’, en el que han colaborado diversas empresas del sector, y en el que se analiza la situación actual del sector del juego ante la crisis del coronavirus.

En concreto, el informe señala que la actividad de este sector has estado muy limitada en la mayor parte de los territorios, con variaciones según las distintas restricciones establecidas en cada comunidad autónoma, y que, ante esta caída de la actividad, “no es suficiente” con los aplazamientos en la liquidación de los impuestos aprobados por las distintas administraciones, por lo que pide ir más allá y establecer bonificaciones o incluso la suspensión del pago de aquellos impuestos que gravan la actividad económica.

Según datos del informe, el juego supone el 0,8% del PIB de España, al mover en 2019 35.628 millones de euros, con una facturación para las empresas del sector de 10.226 millones, y la generación de 85.000 empleos directos y 175.000 indirectos.

Sin embargo, el informe apunta que el sector del juego “sufre con las crisis” y que “tiene una alta dependencia del crecimiento económico y la renta disponible”, por lo que, prosigue, la afirmación de que es un ámbito que en momentos de crisis gana clientes “es falso”.

Así, el documento señala que la crisis del Covid-19 y las restricciones implantadas para luchar contra la pandemia “ha supuesto la paralización total de algunas líneas de negocio”, perjudicando especialmente a ámbitos como los bingos o las apuestas relacionadas con las competiciones deportivas.

Por otro lado, el informe también resalta el cada vez mayor peso del juego online en el sector, pasando de suponer en 2012 el 1,3% de la facturación del mercado al 7,6% en 2019, mientras que el juego presencial se mantuvo estable y ante una perspectiva de que el online siga creciendo.

RETOS

De esta forma, el documento elaborado por PwC apunta a distintos retos para el sector ante, por un lado, el escenario planteado por el Covid-19 y, por otro, las propias circunstancias del sector.

Por un lado, en lo relativo al Covid-19, el informe resalta la incertidumbre respecto al empleo y a la manera en que en los próximos meses se apliquen las normativas que limitan los despidos así como qué sucederá una vez terminen los ERTE, y, por otro lado, hace referencia a las cuestiones fiscales en un momento en el que la actividad del sector ha disminuido a causa de las restricciones ocasionadas por la pandemia.

En cuanto a los propios elementos de la estructura del sector, el informe destaca que se trata de un ámbito con una alta fragmentación de operadores, muchos de ellos de pequeño tamaño, cuya rentabilidad es baja al tener que hacer frente a los altos costes que supone invertir en aspectos como ciberseguridad o tecnología para operar en el mercado online. Ante esta situación, el informe recomienda fusiones y adquisiciones de operadores. Asimismo, apunta también precisamente al reto que supone la digitalización del sector, las inversiones en tecnología y el desarrollo de la ciberseguridad.

Por otro lado, también apunta que la “connotación negativa” de la imagen pública que tiene el sector “ha calado y se está deteriorando”, generando “un perjuicio económico significativo”, y que a esta cuestión “totalmente infundada” se le suma una normativa “extensa y compleja” a la que se sumarán próximamente nuevas normas.