Igualdad trato. La Defensora del Pueblo ve “un dispendio” la ‘Autoridad antidiscriminación’ prevista en la ley
"Habría duplicidad de funciones", señaló
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La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, compareció este martes en el Congreso para valorar el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, y advirtió que “La futura Autoridad” encargada de velar por su cumplimiento puede suponer “un solapamiento y una duplicidad de funciones” con la institución que ella representa.
En su intervención ante la Comisión de Igualdad, Cava de Llano señaló que en tanto que garante de los derechos recogidos en la Constitución, la Defensoría del Pueblo asume muchos casos y quejas por motivo de discriminación, como las redadas policiales dirigidas contra inmigrantes.
De ahí “la duplicidad de funciones” que a juicio de la Defensora podría existir entre su entidad y el organismo previsto en el Proyecto de Ley, “un solapamiento” del que ya advertían informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, subrayó.
“Es un dispendio absurdo” en términos económicos”, apuntó, y “puede suponer un despiste para los ciudadanos, que no sabrán bien donde acudir”, agregó Cava de Llano.
En su opinión, se trata de que los ciudadanos elijan si para defender sus derechos quieren muchos institutos o prefieren una institución potente, con recursos y personal suficiente y especializado”.
La Defensora apuntó también que “Naciones Unidas y el Consejo de Europa precisan un interlocutor único por país, que cumpla los requisitos mínimos en la defensa de los derechos humanos (fijados en los Principios de París) al que dirigirse sin problemas”.
Por este motivo, la tendencia internacional es “concentrar” estas atribuciones en una autoridad única, a ser posible con base constitucional, afirmó.
Además declaró que “la previsión constitucional de la Defensoría del Pueblo, su atribución amplia en cuanto a defensa de los derechos humanos y su designación parlamentaria (por tres quintos de ambas cámaras)” hacen esta institución más adecuada frente a la “proyectada Autoridad”, que designa el gobierno bajo su propio criterio.
Según Cava de Llano, el Proyecto de Ley “es ambicioso” y persigue un objetivo positivo, pues más que en regulación de la Igualdad, donde debe avanzar España es en garantizar su cumplimiento”.
En este sentido saludó la llegada de la nueva norma, y resaltó que de cualquier modo “esta autoridad deberá trabajar en estrecha colaboración” con la entidad que ella dirige”, tal como recoge el propio texto.
(SERVIMEDIA)
19 Jul 2011
AGQ/jrv