El Ministerio Público, que incluye en su recurso una petición para la anulación de la sentencia y la repetición del juicio, esgrime que “todo acto tiene una razón de ser” y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien “impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento”.

A juicio del Ministerio Fiscal, la resolución impugnada “adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica”, puesto que para llegar a la conclusión absolutoria se han omitido indicios de manera “incongruente” y “contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio”.

De ahí que solicite tanto la anulación del fallo “ante la vulneración de las normas constitucionales por insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio” como la devolución de las actuaciones “al órgano que dictó la sentencia recurrida para un nuevo enjuiciamiento de la causa, con una composición distinta de la Sala”.