La ONG valora positivamente la ley “por abordar por primera vez con un enfoque integral la violencia sexual y por poner en el centro el consentimiento de la mujer”, y ya ha entregado 140.000 firmas en el Congreso de los Diputados para presionar a los diputados de todos los partidos a que “garanticen la protección de todas las víctimas”.

Amnistía considera que, como señala la ley, “el consentimiento es la clave para definir la violencia sexual”, tal y como se recoge en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul.

"A finales de 2018, con el informe ‘Ya es hora de que me creas’, Amnistía Internacional ponía la violencia sexual en la agenda política, denunciando la falta de recursos para las víctimas de violencia sexual y la desigual atención que éstas recibían en las distintas comunidades autónomas”, recordó la entidad.

Por tanto, “es una buena noticia contar dos años después con un anteproyecto de ley que incluye algunas de las principales peticiones de la organización relativas a la prevención, detección, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencias sexuales de forma integral", manifestó la responsable de política interior de la ONG, Virginia Álvarez.

No obstante, Amnistía Internacional cree que el anteproyecto “sigue planteando posibilidades de mejorar y solventar algunos desajustes importantes”.

“Si bien la reforma del Código Penal que propone el anteproyecto es más acorde a los estándares internacionales, sigue contando con aspectos poco definidos como la contemplación de que el tribunal pueda aplicar una rebaja punitiva en base a un concepto tan impreciso como el de la entidad menor del hecho", afeó.

"A lo largo de estos años, hemos visto el impacto en las mujeres víctimas de violencia sexual de la interpretación judicial, en muchos casos cargada de estereotipos, y cómo estas interpretaciones las han revictimizado. Nos preocupa que la utilización de un concepto jurídico tan indeterminado como el de menor entidad del hecho contribuya aún más a que los tribunales realicen interpretaciones estereotipadas", destacó Álvarez.

Para Amnistía, “es necesario asegurar que no se están creando clases de víctimas con diferentes reconocimientos de derechos y diferentes mecanismos de acceso a servicios y ayudas” y “debe aclararse también cómo se implementará la ley, una vez aprobada, teniendo en cuenta la competencia de las comunidades autónomas”.