Así lo dijo durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, en la que repasó las reformas que el Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere llevar a cabo.

Se refirió a los cambios legislativos que afectan a los repartidores, "un colectivo muy desfavorecido", para insistir en adoptar un criterio “que los laboralice” y “deje nítidamente claro que no se elige si uno es autónomo o es trabajador, depende de cómo se trabaja”.

Precisamente este miércoles se manifestaron repartidores en varias ciudades españolas para reclamar que la nueva ley que está ultimando el Gobierno con los agentes sociales permita la posibilidad de seguir trabajando como autónomo.

En cuanto al resto de reformas, el secretario de Estado incidió en que “el gran proyecto” del departamento de Trabajo es elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado al siglo XXI, pero que “no podemos esperar” a hacerlo y “hay que anticipar” reformas “de manera rápida y urgente” como la que desincentive la temporalidad, “modernizar” la negociación colectiva en lo que respecta a recuperar la ultraactividad y las relaciones del convenio sectorial y el de empresa.

De este modo, dijo que se acompañará la recuperación económica. Subrayó que la penalización de la temporalidad “es la primera gran reforma que nosotros tenemos que impulsar inmediatamente”.

Pérez Rey incidió en que el paréntesis que se había producido en el cumplimiento del acuerdo para gobernar en coalición a causa de la pandemia “ya ha terminado” y “hemos informado a Europa de lo que vamos a hacer” en referencia a las citadas reformas.

El secretario de Estado destacó que la crisis del coronavirus es “pasajera” y pidió a empresas y trabajadores “aguantar” y hacer “el esfuerzo final” ante el despliegue de la estrategia de vacunación, incidiendo en que “el despido no es una opción”.

Indicó que el año pasado se pagaron 14.000 millones de euros en prestaciones por desempleo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que mientras el PIB se desplomó un 11%, el empleo solo lo hizo un 1,9%.

No obstante, apuntó que “no hemos podido hacer más porque hemos enfrentado un mercado de trabajo muy debilitado por años de cultivo de la precariedad” y “si nuestra precariedad no hubiera sido tan anómala en términos comparativos europeos, estoy convencido de que la respuesta a esta crisis hubiera sido netamente europea”.

Por ello, reclamó un pacto político y con los interlocutores sociales, dado que “nadie se puede sentir cómodo” con la precariedad y consideró es el momento de hacerlo y los fondos europeos “tienen que servir” para acometer “cambios profundos” en el mercado laboral. “No se puede salir peor, más desiguales” de esta crisis, subrayó, y señaló como otros retos a solventar un cambio en la estructura ocupacional del mercado laboral y de género, incorporar los ERTE “a la dinámica cotidiana” de las empresas, y que la subcontratación sea “mucho más sana”.