“El mundo enfrenta una crisis del agua y está empeorando”, subrayó Boyd en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Boyd recalcó que “el uso humano del agua, la contaminación del agua y la degradación de los ecosistemas acuáticos continúan acelerándose debido al crecimiento de la población, el crecimiento económico, la emergencia climática, el cambio de uso de la tierra, el extractivismo, el uso ineficiente del agua y una planificación, regulación y aplicación deficientes”.

“Tres cuartas partes de todos los desastres naturales en los últimos 20 años estuvieron relacionados con el agua, incluidas inundaciones, deslizamientos de tierra y otros eventos climáticos extremos. Dados los impactos devastadores de la crisis mundial del agua en la vida, la salud y los derechos humanos de las personas, se deben tomar medidas correctivas de manera rápida y sistemática, con prioridad en la mejora de las condiciones de los más vulnerables”, recalcó.

3.000 MILLONES DE PERSONAS

Por otro lado, el informe de Boyd señala que la mitad de la población mundial vive sin un saneamiento administrado de manera segura y que también se necesitan acciones urgentes para ayudar a los más de 3.000 millones de personas que carecen de acceso a agua potable o enfrentan escaseces periódicas de agua.

“La contaminación del agua, la escasez de agua, los desastres relacionados con el agua y el daño a ecosistemas de agua dulce saludables tienen impactos importantes en una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, el agua, el saneamiento, la alimentación, un medio ambiente saludable, un nivel adecuado de la vida, el desarrollo, la cultura y los derechos del niño”, apostilló.

Según Boyd, los Estados deben adoptar cinco medidas nacionales para abordar la crisis mundial del agua: preparar una evaluación del estado del agua; llevar a cabo una iniciativa de mapeo legal; desarrollar planes relacionados con el agua que incorporen un enfoque basado en derechos; implementar y hacer cumplir las leyes, regulaciones y estándares relacionados con el agua, y evaluar los avances y, de ser necesario, fortalecer las acciones para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos.

Agregó que en cada proceso deben tomar dos acciones adicionales, como la creación de capacidad humana, financiera e institucional, e informar e involucrar al público, en particular a las mujeres y los grupos vulnerables y marginados.

“El agua segura y suficiente y los ecosistemas acuáticos saludables son elementos sustantivos del derecho a un medio ambiente saludable, como lo reconocen los tribunales regionales, las leyes nacionales y la jurisprudencia nacional”, concluyó Boyd.