Bruselas suspendió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en marzo de 2020, acogiéndose a la cláusula de escape que dicho pacto permite activar en situaciones de emergencia como la pandemia de Covid-19, permitiendo de esta manera a los países incrementar su gasto y no tener que estar sujetos al habitual control de los niveles de déficit y deuda.

Dicha suspensión, fijada entonces para 2020 y 2021, fue aprobada también por el Gobierno de España y posteriormente validada por el Congreso de los Diputados, ya que tanto el artículo 135 de la Constitución como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera incluyen la misma cláusula para la suspensión de las reglas fiscales en situaciones de emergencia.

En concreto, el artículo 135 de la Constitución establece que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

La suspensión de las reglas fiscales fue necesaria tanto para incrementar el gasto en el ejercicio 2020 como para elevar el límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, hasta un 53% en 2021, así como para permitir que las distintas administraciones no estén sujetas a la regla de gasto y puedan incurrir en déficit o aumentarlo.

Antes de la pandemia España cerró el ejercicio 2019 con un déficit del 2,82% y una ratio de deuda sobre PIB del 95,5%, mientras que, tras varios meses de pandemia, el Ejecutivo incluyó en su cuadro macroeconómico previsiones de que el déficit cerrase 2020 en el 11,3% y que en 2021 baje al 7,7%, mientras que la previsión sobre la deuda es que se situara en el 118,8% al cierre de 2020 y bajara al 117,4% en 2021, aunque finalmente cerró 2020 en el 117,1%.

ORIENTACIONES

Así, la Comisión resaltó este miércoles su compromiso de “velar por una respuesta política coordinada y coherente a la crisis actual” y que para ello “se necesitan políticas presupuestarias creíbles que hagan frente a las consecuencias a corto plazo de la pandemia de coronavirus y apoyen la recuperación, sin poner en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo”.

Ante este contexto, la comunicación de Bruselas a los Estados miembros señala que “la coordinación de las políticas presupuestarias nacionales es esencial para sostener la recuperación económica” y que “la política presupuestaria debe seguir siendo ágil y adaptarse a la evolución de la situación”, por lo que advierte “contra una retirada prematura del apoyo presupuestario, que debería mantenerse este año y el próximo”.

“Una vez que disminuyan los riesgos para la salud, las medidas presupuestarias deberían dar paso gradualmente a otras más específicas que promuevan una recuperación resiliente y sostenible”, añadió la institución comunitaria, para apuntar acto seguido que ya en la recuperación será el momento de volver a tener en cuenta la sostenibilidad presupuestaria”.

Para ello, prosigue la comunicación de la Comisión, considera que la decisión sobre desactivar o mantener la suspensión de las reglas fiscales deberá tomarse teniendo en cuenta como criterio cuantitativo el nivel de actividad económica en la UE o la zona euro en comparación con los niveles anteriores a la crisis. “Por lo tanto, las indicaciones preliminares actuales sugieren seguir aplicando esa cláusula en 2022 y desactivarla a partir de 2023”, concluye.

De esta manera, cuando el Consejo y la Comisión aborden en mayo las previsiones económicas de primavera para 2021 y las recomendaciones a realizar a cada país, ambos organismos evaluarán la desactivación o mantenimiento de la cláusula de escape teniendo en cuenta también “las situaciones específicas de cada país”, por lo que “en caso de que un Estado miembro no haya recuperado el nivel de actividad económica anterior a la crisis, se aprovechará toda la flexibilidad prevista en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.

El vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis señaló que “para amortiguar” el impacto de la crisis del Covid-19 “y promover una recuperación resiliente y sostenible, nuestro claro mensaje es que el apoyo presupuestario debe mantenerse tanto tiempo como haga falta”, por lo que “sobre la base de las indicaciones actuales, la cláusula general de salvaguardia permanecería activa en 2022 y se desactivaría en 2023”.

Por su parte, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, declaró que “nuestra decisión del pasado mes de marzo de activar la cláusula general de salvaguardia supuso un reconocimiento de la gravedad de la crisis actual” y que “también fue una declaración de nuestra determinación de adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia y sostener el empleo y las empresas”.

“Un año después”, prosiguió, “todavía no se ha ganado la batalla contra la Covid-19 y debemos asegurarnos de que no repitamos los errores de hace diez años retirando el apoyo demasiado pronto. Para 2022, está claro que el apoyo presupuestario seguirá siendo necesario: es mejor pecar por exceso que por defecto”.