Según explicó hoy, en rueda de prensa, el portavoz de esta organización que engloba a cerca de 80.000 minoritarios, Pedro Ollero, "si las sociedades propietarias de la central", es decir, Endesa e Iberdrola a través de Nuclenor, "se ven perjudicadas en su negocio, esto afecta también a los accionistas, porque los títulos pierden valor".

Por eso, Aemec reclama una indemnización de 1.000 millones de euros, por lucro cesante. "Pensamos que la decisión se ha tomado indebidamente", añadió Ollero.

Este recurso se suma al ya presentado por Nuclenor ante la Audiencia Nacional. Precisamente hoy lunes, 5 de octubre, concluía el plazo para presentar recurso a la orden ministerial de 3 de julio por la que se establece que la planta dejará de funcionar en 2013.

El director general de Aemec, Juan Ortiz, explicó hoy que esta asociación, a través del despacho de abogados Cremades-Calvo Sotelo, presenta su recuros ante el Supremo por entender que la citada orden ministerial "encubre", en realidad, un real decreto.

Según apuntó, la ley de energía nuclear sólo permite el cierre de una central bajo dos supuestos. El primero se refiere al incumplimento de plazos por parte del reactor, y ha de realizarse a través de orden ministerial.

El segundo es el relativo a "razones extraordinarias de interés nacional" y ha de hacerse por real decreto del Consejo de Ministros. En estos casos, además, se contempla el pago de una indemnización.

Aemec entiende que el cierre de Garoña se enmarca dentro de este segundo supuesto y, por eso, ha recurrido al Tribunal Supremo. Si éste lo acepta, la organización planteará demanda.

Finalmente, el director general de la asociación, Henning Wegener, indicó que diferentes asociaciones europeas de accionistas minoritarios han mostrado su apoyo a Aemec y "es posible que se adhieran al recurso en los próximos días". "No entienden cómo una decisón tan importante puede estar sometida a un capricho político, a pesar de contar con informes técnicos favorables", concluyó.