El texto, que transpondrá la normativa europea y actualizará la legislación española después de más de una década tras la primera Ley de Residuos, contempla la posibilidad de instaurar en España el SDDR, aunque sujetando la decisión final a un análisis de viabilidad económica, técnica y ambiental.

El sistema consiste en el pago de una "fianza" por parte del consumidor al adquirir un envase, que se recuperaría al devolverlo vacío en el punto de venta.

El SDDR, impulsado por la asociación Retorna, cuenta con el respaldo de asociaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción. Sin embargo, ha suscitado críticas por parte de Ecoembes y Ecovidrio, sociedades que se encargan de la gestión de residuos de envases ligeros, metales, papel, cartón y vidrio, y de la Confederación Española de Comercio, entre otros.

También establece un calendario para sustituir el 60% de las bolsas de plástico para el año 2013; el 70% antes de 2015 y, antes de 2016, el 80%.

El objetivo que marca el Ejecutivo es conseguir que para 2018 se haya sustituido el 100% de las bolsas, con excepción de las que se usen para contener pescados, carnes u otros alimentos perecederos.

El texto también busca simplificar trámites administrativos y garantizar la transparencia y trazabilidad en la gestión de los residuos.

UNA TRAMITACIÓN "CAÓTICA"

Para la diputada "popular" María Teresa de Lara la ley "adolece de defectos de técnica normativa". En su opinión, el texto ha sufrido una tramitación "caótica" y presenta "chapuzas de enorme trascendencia".

También cree que "refleja un incremento desmedido de la intervención pública" en la gestión de los residuos, y recuerda que el SDDR "ha sido rechazado en Francia e Inglaterra por su coste excesivo".

Nuria Buenaventura, de ERC-IU-ICV, dijo "no poder" posicionarse a favor de esta ley, e informó de que su grupo se abstuvo por "echar en falta una mayor ambición". Entre otras cuestiones, se refirió a la necesidad de dar un mayor impulso a la fiscalidad ambiental y por apostar por el compostaje de materia orgánica.

Joseba Agirretxea (PNV) se mostró a favor (porque "va a permitir que haya unas reglas del juego que hasta ahora funcionaban por libre") y Carles Campuzano (CiU) valoró que "se ha mejorado sustancialmente el contenido del proyecto de ley".