Su petición la formuló durante la presentación del informe del 2020, poniendo especial foco en la intención del PSOE de fijar un mínimo de inversión en las Sicav para que puedan tributar al 1% a través de una enmienda a la ley contra el fraude fiscal que se tramita en el Congreso y donde propugna además por establecer exenciones fiscales a quienes redirijan su inversión desde una Sicav a otros vehículos.

“En 2021 tenemos ahí un cambio en las Sicav que no va precisamente en ese ámbito de ‘level play field’ a nivel comunitario”, expuso. En alusión a la enmienda del PSOE indicó que, si se aprueba en los términos actuales, será “negativa” porque está “estableciendo más requisitos a los que ya tienen las Sicav españolas frente al resto de instrumentos de la UE que son comercializados en España en iguales condiciones fiscales”.

Se abrirá entonces la opción a estas sociedades para decidir en sus correspondientes Juntas de accionistas si continúan o disuelven el vehículo, para lo que contarán con siete meses. A tenor de estos plazos auguró que no se verán grandes cambios en el censo actual de Sicavs, que continúan a la espera de cómo queda la situación pero sí se podrían ver cierres hacia “finales del 2022 o principios del 2023”.

“Es una noticia negativa para el desarrollo de nuestra industria financiera y por los puestos de trabajo”, abundó, señalando que también afectará a la inversión local que generan estos vehículos en empresas españolas.

“Más de 450.000 personas tendrán que decidir que quieren hacer con sus ahorros”, indicó. Al cierre del 2020 había censados 2.495 Sicav y con un patrimonio de 27.599 millones de euros. Su número se ha reducido en 130 desde su máximo del 2015 precisamente por la incertidumbre regulatoria.