Así se pronunció Ramírez en declaraciones a Servimedia en las que partió del respeto al auto de procesamiento dictado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz contra los responsables policiales del chivatazo al jefe de la red de extorsión de la banda terrorista ETA en mayo de 2006 y dueño del bar "Faisán" de Irún, Joseba Elosua.

Más allá de este respeto debido a que sólo el juez conoce en profundidad las pruebas, el portavoz de JpD planteó la "dificultad jurídica" suscitada por la vaga tipificación que hace el Código Penal de los delitos de terrorismo, que a su juicio exige "una interpretación que se oriente al bien jurídico que proteger"; es decir, en este caso, que aclare que las conductas delictivas atentan contra la defensa de la paz y la seguridad.

En esa línea, Ramírez estima que "no se puede desvincular la presunta colaboración con el terrorismo del contexto" en que se produjo. Sin llegar a justificarla por el proceso de paz en marcha por entonces, comparó el caso con la diferencia entre un empresario que paga a ETA y el que lo hace para evitar amenazas a su familia.

"Es discutible que se afirme que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que llevan muchos años poniendo en riesgo sus vidas para luchar contra el terrorismo, tengan com meta contribuir a las metas de la banda. Es muy discutible que su finalidad fuera contribuir a ello", sentenció.

Adicionalmente, el portavoz de JpD remarcó que la resolución del juez Ruz deja claro que sólo hay pruebas para procesar al entonces director de la Policía y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros, por lo que no ha lugar a cuestionar que no se haya inculpado a los responsables políticos del Ministerio del Interior. Y dijo que le preocupa el "uso partidista del terrorismo" que exhiben, a su opinión, las valoraciones de "la clase política" en relación al caso.