Según VCT, estas responsabilidades deben ser asumidas por Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, que eran ministro y secretario de Estado de Interior en 2006, cuando tuvo lugar el chivatazo a ETA del bar Faisán.

Al mismo tiempo, esta plataforma celebró la decisión adoptada por el juez Pablo Ruz sobre el soplo a la banda etarra, puesto que es “muy transcendental para nuestra democracia que este caso no caiga en el olvido”, de manera que “hasta el último responsable pague por el delito cometido”.

VCT concluyó que el chivatazo a ETA “es un caso con una doble inmoralidad, ya que es desde el propio cuerpo de la Policía, uno de los sectores más castigados por la banda asesina, desde donde se le avisa a ETA que van a ser detenidos para que puedan huir”. Por ello, este colectivo sostuvo que el soplo del bar Faisán “no ha podido ser una decisión tomada de forma individual por un agente, sino todo lo contrario, esta decisión forma parte de una estrategia marcada desde la cúpula del ministerio de Interior enmarcada en la negociación del Gobierno con ETA”.