Así lo asegura el Tribunal de la UE en una sentencia sobre Polonia dada a conocer este martes, en la que se valoran las “modificaciones sucesivas” de la ley polaca del Consejo Nacional del Poder Judicial (CNPJ).

Según informó este tribunal comunitario, la resolución concluye que “podrían violar el Derecho de la Unión” los cambios legales en Polonia “que han tenido como efecto suprimir el control judicial efectivo de las resoluciones de este Consejo por las que se presentan al presidente de la República candidatos para cubrir plazas de juez del Tribunal Supremo”.

Esta sentencia coincide con el debate existente en España sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sobre si cabe modificar el actual sistema de designación de los vocales, que en la actualidad son nombrados en última instancia por los partidos en las Cortes. Además, un factor destacado de esta discusión es que el CGPJ tiene la potestad de nombrar a los magistrados de altos tribunales, como los del Supremo, algo que coincide con lo ocurrido en Polonia.

“PAPEL DETERMINANTE”

En este sentido, en la resolución sobre el caso polaco se afirma que “las garantías de independencia e imparcialidad que impone el Derecho de la Unión exigen la existencia de reglas que rijan el nombramiento de los jueces”. Asimismo, se destaca “el papel determinante que desempeña en CNPJ en el proceso de nombramiento para las plazas de juez del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el acto de propuesta que adopta constituye una condición 'sine qua non' para que un candidato sea nombrado”.

La sentencia también alude a que “el grado de independencia de que disfruta el CNPJ frente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo polacos puede ser pertinente para apreciar si los jueces que selecciona estarán en condiciones de satisfacer las exigencias de independencia e imparcialidad”.

Además, el Tribunal de Justicia señala que “la eventual inexistencia de recurso judicial en el contexto del proceso de nombramiento para plazas de juez de un tribunal supremo nacional puede resultar problemática cuando el conjunto de elementos contextuales pertinentes que caracterizan dicho proceso en el Estado miembro de que se trate puedan generar en el ánimo de los justiciables dudas de naturaleza sistémica en cuanto a la independencia y la imparcialidad de los jueces nombrados a resultas de ese proceso.