“Eso no corresponde al interés general de nuestro país y cuando estamos gestionando el dinero de todos los contribuyentes, tenemos que tener muchísimo cuidado de que las ayudas lleguen efectivamente a quien tienen que llegar”, indicó en entrevista con La 1 de TVE recogida por Servimedia ante la pregunta de cómo se ejecutará el nuevo paquete de 11.000 millones de euros en ayudas anunciado por el Gobierno.

Según Calviño, la prioridad “es apoyar a las empresas para que estas semanas duras que todavía quedan por delante puedan aguantar y, sobre todo, que tengan músculo para la recuperación” y, por ello, “en lugar de centrarnos en instrumentos que a lo mejor son el último recurso y que no van a ser utilizados en la mayoría de las empresas, en énfasis tenemos que ponerlo en eliminar o evitar un sobreendeudamiento que lastre en la recuperación”.

“Se trata -prosiguió- de que las empresas puedan contratar, puedan invertir, puedan reabrir en unas buenas condiciones, con una buena situación de sus balances para que puedan contribuir a ese crecimiento fuerte que todos esperamos en la segunda parte del año”.

Al respecto refirió que es preciso esforzarse porque las ayudas lleguen “a quien tienen que llegar apoyando a las comunidades autónomas, que saben muy bien cuáles son las implicaciones de las decisiones que ellas mismas toman en el ámbito sanitario y cuál es la situación de cada una de las empresas”, “apoyando los balances de las empresas” y “analizando junto con el sector financiero distintos instrumentos para aliviar esa parte de los costes”.

La prioridad es, según dijo, hacer como con el ICO, donde con los avales se previno un problema de liquidez y poner en marcha los instrumentos necesarios “antes de que se desencadene un problema masivo de solvencia de las empresas en determinados sectores o en determinados territorios en los que puede haber un problema”.

Al respecto detalló que se están analizando precisamente un “conjunto de instrumentos distintos para reforzar la acción de las comunidades autónomas que están dando directamente a los empresarios un dinero en los sectores más afectados”, recordando que se les ha transferido 16.000 millones del fondo Covid el pasado año y otros 8.000 millones de euros este año.

Además, refirió que se va a ver “qué otros instrumentos podemos utilizar para reforzar los balances de las pequeñas y medianas empresas”, recordando que las grandes y de sectores estratégicos cuentan a su vez con el fondo de la SEPI para reforzar el capital, deslizando que se está “hablando de recapitalización o de conversión de créditos en otros instrumentos de capital” o ayudas directas.

La ministra explicó que está trabajando con los bancos “para reforzar también la solvencia de las empresas más pequeñas” como se viene haciendo desde marzo, ya que “son quienes tienen una mejor capacidad para valorar qué empresas son solventes y cuáles no”, además de identificar “qué instrumento es el más eficaz para una empresa en un determinado momento”.

Al respecto subrayó que también es un ejercicio de responsabilidad con los recursos públicos que se utilizan y paga el contribuyente, ya que el pasado año las medidas supusieron cuantías equivalentes a “más del 5% del PIB” y “este año ya tenemos comprometidos más de un 2% del PIB”. “Tenemos que seguir asegurándonos de que el uso del dinero público de todos los ciudadanos españoles es eficaz y reduce el sobrendeudamiento de las empresas. Ese tiene que ser nuestro objetivo para que tengan músculo para la recuperación”, abundó.

Sin ofrecer gran detalle del destino o instrumentos del nuevo paquete de ayudas públicas sí detalló que tendrá un énfasis especial para dar soporte a los autónomos, como se ha venido haciendo desde marzo.