Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administración del Tribunal Supremo, presididos Ricardo Enríquez, han decidido desestimar el recurso interpuesto y han condenado al Ayuntamiento de Valencia al pago de las costas procesales.

El Consistorio pedía la suspensión de la Orden del Ministerio de Cultura, dictada el 29 de diciembre de 2009, por la que se obligó al Ayuntamiento y a la Generalitat Valenciana a paralizar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal “para garantizar la protección de los valores histórico-artísticos del barrio”, declarado conjunto histórico.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en mayo de 2010, se negó a levantar la suspensión de los derribos del barrio, por lo que el Ayuntamiento de Valencia decidió recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia del Alto Tribunal, hecha pública hoy, señala que la negativa a levantar la suspensión de los derribos “no vulnera la jurisprudencia” establecida por el propio Supremo.

Estiman los magistrados que tampoco se producen los perjuicios alegados por el Ayuntamiento de Valencia, que tasó las pérdidas provocadas por la suspensión en 60.565.958 euros. El Supremo considera que los daños, en base a esta cuantía, son “reparables en el supuesto que se anulara la orden impugnada”.