De esta forma, las enmiendas se discutirán sólo en el Pleno, y no en Comisión y Pleno, como estaba previsto, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios que conforman la Cámara.

El texto llegado del Congreso ha recibido en el Senado un total de 30 enmiendas y por acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 17 de junio se está tramitando por la vía de urgencia en la Cámara Alta.

El proyecto de ley, que modificará alrededor de una docena de normas relacionadas con el empleo, la sanidad o las barreras, prevé, entre otros aspectos, obligar a las comunidades de vecinos a costear más obras de accesibilidad en sus inmuebles de las que pagan actualmente y castigar a las empresas que no cumplan con la contratación obligatoria de personas con discapacidad.

Según lo previsto, el texto se modificará a su paso por el Senado, por lo que tendrá que volver al Congreso para su aprobación definitiva.

Entre las modificaciones que la Cámara Alta puede acometer figuran algunas propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista que no gustan nada al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) porque considera que "recortan derechos" con respecto a lo acordado en el Congreso.

Una de estas enmiendas es la supresión de la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para que se exija como requisito para poder licitar con las Administraciones Públicas la acreditación previa por parte de las empresas obligadas del cumplimiento del deber legal de reservar un dos por ciento de los puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad.

Esta medida, ha explicado el Cermi, reclamada por el sector de la discapacidad desde hace años, solo aspira a que no se premie con contratos públicos a empresas que incumplen la legislación social al no reservar la cuota establecida por ley en 1982.