El responsable federal de Medio Ambiente y Energía de IU, Adolfo Barrena, ha advertido de que el Ejecutivo está "utilizando como coartada el déficit público" para "paralizar los convenios previstos con las comunidades autónomas y convertir la ley en papel mojado".

De momento, según IU, esta actitud está afectando a las comunidades autónomas de Aragón, Asturias y Navarra, por lo que va a trasladar este problema al Congreso para que el Ejecutivo explique estos "graves incumplimientos".

En concreto, el portavoz de IU en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta para que el Gobierno responda sobre los motivos reales por los que paraliza los Planes de Zona e indique si tiene previstos mecanismos para asegurar que las comunidades autónomas puedan ejecutarlos y salven las graves consecuencias que acarrearía su falta de ejecución.

La Ley de Desarrollo Rural Sostenible fue aprobada en diciembre de 2007 y para su desarrollo, además de al entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se implicaba el trabajo de otros 11 departamentos ministeriales.

Su objetivo era mantener en sus territorios a la población rural y mejorar sus condiciones de vida y renta, incrementando y coordinando mejor la atención que las diversas administraciones públicas dispensan a las zonas rurales.

A su vez, debía garantizar que leyes como la de Dependencia o Igualdad sean aplicadas a todos los ciudadanos por igual, con independencia de su lugar de residencia.

Todas las actuaciones que se iban a realizar en el marco de esta ley se recogieron y coordinaron en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), aprobado el 4 de junio de 2010 con una dotación de 1.810 millones de euros para el periodo 2010-2014.

Ahora, afirma IU, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha comunicado a las tres únicas comunidades que habían presentado sus correspondientes Planes de Zona (Aragón, Asturias y Navarra) que, por el momento, no va a firmar los convenios previstos.

El departamento que dirige Rosa Aguilar alega que de hacerlo contribuirían a alejar a estas regiones del cumplimiento de los Planes de Estabilidad Presupuestaria y agravar su situación de déficit público.

"Esto significa que el Gobierno no pagará a estas tres comunidades los fondos necesarios para financiar los imprescindibles planes para el desarrollo rural", explicó Barrena.

Al tiempo, el Ministerio ha informado al resto de comunidades que, si los convenios no se firman antes del próximo 30 de septiembre, los fondos se reducirán un 20%, porque se recortará una anualidad.