Castells realizó estas declaraciones en la presentación del Libro ‘Universidad y discapacidad’ organizada por la agencia de noticias Servimedia, en la que participó junto al presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, y a la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano.

Precisamente, Lozano señaló ante el ministro que “inclusión y excelencia deben ir de la mano”, por lo que lamentó que las personas con discapacidad intelectual sean “el único colectivo que tiene cerrada la puerta de la universidad” en la sociedad española a estas alturas. “Es una reflexión que le invitamos a hacer”, le dijo.

Martínez Lozano se refirió a la experiencia positiva de los programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual de Fundación ONCE, que a su juicio son un buen ejemplo de cómo “el mundo de la educación superior se puede abrir a estas personas”.

Acceder a este espacio y las oportunidades de formación que ofrece “puede suponer una gran palanca de desarrollo personal” para ellas, según aseguró. Castells recogió el guante de inmediato y manifestó que “si nos tomamos en serio lo de no dejar a nadie atrás" que proclama uno de los eslóganes del Gobierno de España "vamos a trabajar con ustedes en ver cómo se puede revertir esta situación”.

TRABAJAR JUNTOS

El ministro felicitó a ambas entidades por la nueva publicación, que contiene una gran variedad de propuestas para aumentar y mejorar la presencia de las personas con discapacidad en el ámbito universitario. “Este libro va a ser una de nuestras guías fundamentales”, manifestó.

En esta línea, apuntó que la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) reconocerá de forma específica la Lengua de Signos Española (LSE) y los apoyos a la comunicación oral, el fomento de la participación de estudiantes con discapacidad en los consejos sociales y la recogida de estadísticas desagregadas por discapacidad.

Castells aseguró que estudiará elevar al 5% la reserva para investigadores con discapacidad en las ayudas predoctorales, que es otra de las medidas propuestas en el libro, puesto que hasta ahora se contempla un 2%.

Asimismo, señaló que la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) ya tiene en cuenta la condición de discapacidad en aquellos criterios de valoración de cumplimiento especialmente difícil para estas personas. “Sobre todo, en lo referido a las estancias internacionales”.

También indicó que la futura Ley de Convivencia Universitaria considerará la discapacidad, y apuntó que otras propuestas, como la mejora de las becas, ya han sido puestas en marcha. “Lo que les propongo es que mantengamos un contacto permanente”, dijo dirigiéndose a sus interlocutores para avanzar en esta materia.

“Espero que esta primera reunión simbólica sea el principio de un diálogo continuo en el que nosotros aprendamos de sus propuestas. Tienen en mí un ministro convencido de lo que están planteando, y les invito a que vayamos juntos en este proceso de elaboración normativa y de puesta en marcha de medidas concretas”, declaró.

EL SECTOR, SATISFECHO

Tanto Pérez Bueno como Martínez Lozano acogieron con gran satisfacción los anuncios de Castells, al que ofrecieron toda su colaboración para avanzar en este terreno. Para el presidente del Cermi, la reforma universitaria de 2007 supuso “un avance muy importante” en la inclusión del alumnado con discapacidad, con la creación entre otras cosas de las unidades de apoyo.

“Sin embargo, necesitamos un giro más exigente”, reclamó, pues “hay nuevos retos que afrontar”. “El propósito de este libro es decirle al Ministerio cómo creemos que debe hacerse para lograr un ecosistema (universitario) inclusivo y acogedor", explicó.

A su juicio, “vivimos un momento dulce”, puesto que “las leyes son las grandes impulsoras de la política pública”. “Si todos los operadores nos ponemos de acuerdo en lo esencial, veremos que en poco tiempo se logran importantes resultados”, vaticinó Pérez Bueno.

Martínez Lozano quiso también agradecer el compromiso del ministro y se mostró “optimista” ante los posibles avances, aunque subrayó que “las leyes deben ir acompañadas de recursos”. “En los últimos años hemos visto mucha voluntad política y esfuerzo por parte de las universidades” pero “se han quedado ahí”.

En su opinión, la crisis de 2008 impactó de forma decisiva en la puesta en marcha de políticas de inclusión, y ahora “debemos aprovechar y subirnos al tren”. “No puede ser que las acciones positivas que plantean las políticas de inclusión se vean siempre como un gasto”, declaró.

A su juicio, las personas con discapacidad han llegado “con mucha demora a la universidad” y están muy lejos de beneficiarse “del ascensor social que esta proporciona”. En España, solo el 1,3% del alumnado universitario tiene discapacidad, y a nivel general, se estima que solo el 16% del colectivo ha alcanzado estudios superiores.

El objetivo de la Agenda 2030 con vista a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas es que el 40% de la población europea obtenga este nivel, por lo que, como mínimo, “nosotros deberíamos aspirar a superar el 30% y dar un salto cualitativo”.

Finalmente, reivindicó la ” igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso a la carrera docente e investigadora” y defendió “allanar el camino para que la universidad cumpla con todos los requisitos para que (esta) sea inclusiva”.