Caamaño se refirió a este asunto en una rueda de prensa en la sede de su ministerio y tras presentar el Observatorio del Pluralismo Religioso en España.

Sobre el proceso que afecta a la SGAE, el ministro dijo que respeta tanto la “presunción de inocencia” de los investigados como el “trabajo de los fiscales, de las Fuerzas de Seguridad y de los jueces”.

“Dejemos que lleven a cabo sus investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y si alguien ha cometido algún delito, por supuesto que se aplique la ley”, afirmó.

Al mismo tiempo, sobre si el Gobierno debía haber supervisado la actividad de la SGAE, el ministro dijo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que considera contrario a la Carta Magna un artículo de la Ley de Propiedad Intelectual referido a la “vigilancia” de organizaciones de derechos de autor, como la SGAE.

Según el ministro, se trata de la sentencia 96/97 del Constitucional, donde se establece que es “contrario al orden constitucional” que el Ministerio de Cultura supervise la actuación de organizaciones de derechos de autor.

Esto supone, según el ministro, que “el Estado no tiene ningún elemento de vigilancia, de supervisión sobre organizaciones como la SGAE o cualquier otra de derechos de autor”. “Es bueno que todos sepamos”, concluyó, “que hay una ley, pero después hay una sentencia que ha colocado las cosas en términos distintos”.