En total, en el citado período se autorizaron 6.376 expedientes de regulación de empleo, casi la mitad de los 12.954 aprobados entre enero y noviembre de 1994. De ellos, 4.463 fueron pactados y en los 1.913 restantes no fue posible el acuerdo.

Entre enero y noviembre de 1995 disminuyeron los trabajadores afectados por las tres modalidads de expedientes: los de extinción de contratos (-19%), los de suspensión temporal de empleo (-30%) y los de reducción de la jornada laboral habitual (-64,6%).

Con estos descensos, los trabajadores afectados por despidos colectivos tramitados a través de expedientes de extinción de contratos fueron un total de 54.525, mientras los inmersos en expedientes de suspensión temporal de empleo fueron 109.061 y en planes de reducción de la jornada laboral habitual otras 1.890 personas.

Los trabajadores d la industria fueron los más afectados por expedientes de regulación de empleo, un total de 115.875 empleados hasta noviembre, seguidos de los del sector servicios (28.654 personas), la agricultura (16.573) y la construcción (4.374).

Por ramas de actividad, las empresas que más regulaciones de empleo sufrieron fueron las de fabricación de automóviles, con un total de 44.249 trabajadores afectados, seguidas a gran distancia de las de pesca y acuicultura (15.848 empleados), fabricación de otro material e transporte (9.912) y comercio al por menor y reparaciones domésticas (8.748 trabajadores).

PEQUEÑAS EMPRESAS

Las pequeñas empresas fueron las más castigadas por los expedientes de regulación de empleo. Así, de los 6.376 expedientes autorizados, 4.193 correspondieron a empresas de hasta 25 trabajadores, resultando afectados un total de 33.647 empleados de estas empresas.

Los datos de Trabajo ponen de manifiesto que las principales razones aducidas por las empresas al presentar expedientes de rgulación de empleo son problemas de fuerza mayor, problemas de tesorería o financiación, la aplicación de medidas económicas y la restricción de la demanda.

Por comunidades autónomas, Cataluña se situó a la cabeza en trabajadores afectados por expedientes, con un total de 29.072 entre enero y noviembre, seguida de Galicia (26.561), País Vasco (20.534), Valencia (18.578), Castilla y León (17.303) y Asturias (13.141).

A continuación se situó Madrid (12.113 empleados), Andalucía (12.947), Cantabria 3.453), Canarias (3.145), Aragón (2.225), Castilla-La Mancha (1.777), Navarra (1.500), Baleares (1.003), Extremadura (849), Murcia (798), La Rioja (327) y Ceuta y Melilla (150 trabajadores).