Según informó este jueves el Supremo, Llarena ha dictado una providencia en la que concede tres días de plazo al fiscal, a las demás partes acusadoras y a los abogados de los procesados para opinar sobre este asunto.

Este movimiento del instructor del 'procés' coincide con que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobase este martes el informe que recomienda levantar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsati, que son europarlamentarios. La decisión al respecto se votará en la Eurocámara en el Pleno que comienza el 8 de marzo próximo.

En este contexto, Llarena pide a las partes en la causa del 'procés' que formulen alegaciones sobre la necesidad de dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para plantear una cuestión prejudicial acerca del alcance de las posibilidades de petición y de las razones de denegación de una orden de detención y entrega europea, de acuerdo con la Decisión Marco 2002/584/JAI.

DECISIÓN CON CONSECUENCIAS

La finalidad de esta diligencia de Llarena es poder establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas ordenes europeas de detención contra todos o algunos de los procesados en la citada causa.

En la providencia conocida este jueves, el juez explica que la autoridad judicial de ejecución belga le ha comunicado oficialmente el 1 de febrero de 2021 su decisión, de carácter firme, de denegar la entrega del procesado Lluís Puig, expresada en resoluciones de fecha 7/8/2020 y 7/1/2021.

En ese marco, el magistrado considera que la interpretación del Derecho de la Unión y de las normas establecidas en la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros llevada a cabo por la autoridad de ejecución belga “discrepa” de la posición al respecto del Supremo español.

Además, la decisión de las autoridades belgas afecta también “a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal”, al tiempo “que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados, no solo respecto a su libertad de movimientos en el actual país de ejecución, sino todos aquellos otros Estados de la Unión donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir su libertad en un futuro”.