La enmienda de ERC-IU-ICV se formula con un texto un tanto suspicaz, pues se propone también "garantizar la gestión pública de los servicios y centros sanitarios, evitando privatizaciones encubiertas de la gestión sanitaria pública". El Partido Popular ha sido frecuentemente acusado por sus adversarios políticos de pretender tal privatización, cosa que sus dirigentes han negado con rotundidad.

La propuesta de resolución presentada por el PSOE en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación salió adelante con 190 votos a favor (los del PSOE, CiU, el PNV y el de Rajoy), 149 en contra (los del resto de diputados populares menos Arturo García-Tizón, que también se equivocó) y ocho abstenciones (los del propio grupo ERC-IU-ICV que introdujo la enmienda y UPN y UPyD dentro del Grupo Mixto).

Aparte de la intervención de ERC-IU-ICV, el texto socialista se conjura, entre otras cosas, para elaborar un Libro Blanco de la coordinación sociosanitaria, que analice y mejore la colaboración entre los servicios sociales y sanitarios, y para concluir en el plazo de seis meses el del envejecimiento activo, a fin de promocionar los estilos de vida saludables y participativos entre los mayores.

DEPENDENCIA

En el ámbito de la dependencia, aboga por promover un acuerdo político y social para evaluar la Ley de Automomía Personal e implantar las modificaciones oportunas para asegurar su aplicación, desarrollo y sostenibilidad. También quiere establecer una Estrategia Integral de Cultura que mejore la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espacios y actividades culturales.

De cara al público infantil, los socialistas se proponen promover acuerdos con los fabricantes y distribuidores de juguetes para que todos ellos puedan ser utilizables por niños con diversidad funcional. En el plazo de un año, se introduciría un código de iconos que permitiría a las familias comprender qué artículos se adaptan mejor a la diversidad funcional de los niños.

Del resto de grupos parlamentarios, las únicas propuestas de resolución que resultaron aprobadas fueron una de CiU enmendada por el PSOE y otra del BNG objeto de una enmienda transaccional de todos los grupos menos el PP, UPN y UPyD.

La propuesta de CiU insta a garantizar una mejora de los ingresos destinados a la Sanidad y, tras la enmienda socialista, a definir los criterios que permitan una mayor "transparencia y ahorro" en el ámbito sanitario. El texto original de los nacionalistas catalanes enfocaba tales criterios a "limitar el futuro crecimiento del gasto" en dicho ámbito.

Por su parte, la propuesta del BNG, entre otros requerimientos sobre hipotecas, pensiones y subsidios de paro, solicita al Ejecutivo que garantice una financiación estable y suficiente a las comunidades autónomas para mantener la actual cobertura educativa y sanitaria y el catálogo de prestaciones establecido en la Ley de la Dependencia.