Su petición la formuló este miércoles en una nota técnica donde la asociación empresarial de carácter multisectorial que representa los intereses de las empresas españolas con actividad internacional reclamó, en términos generales, “una actualización del sistema español de seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado para dotarlo de mayor flexibilidad y dinamismo” en una nota técnica. Sus socios dan empleo a unos 800.000 trabajadores, su facturación mundial equivale al 20% del PIB español y copan el 40% del stock de inversión española en el extranjero.

El documento denuncia la existencia de una serie de “obstáculos legales y administrativos que han impedido” que Cesce “se adapte plenamente a los cambios que están impulsando otras agencias homólogas de países competidores de España”, que dejan en desventaja a la empresa española frente a otros sistemas de apoyo financiero oficial a la exportación.

Para removerlas pide que Cesce “recupere autonomía en la toma de decisiones sobre cobertura de riesgos por cuenta del Estado, con planteamientos basados en criterios técnicos, y que el techo por operación que pueda aprobar la compañía directamente se eleve de forma sustancial”.

Plantea derogar la ley de deuda externa de 2006, que eliminaría el requisito de previa aprobación por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de operaciones en los llamados “países HIPC” (países en desarrollo y con una elevada deuda pública). “Se trata, a juicio del Club de Exportadores, de una excepción a la norma vigente en los países de nuestro entorno, lo cual resta competitividad a las empresas españolas”, argumentó.

El Club de empresas exportadoras demanda que Cesce aproveche al máximo su capacidad aseguradora, ya que apenas “viene utilizando una tercera parte” de los 9.000 millones de euros anuales que tiene establecido. “Una política más flexible en cuanto a países, techos por operación y contenido del contrato de exportación generaría más demanda de seguro y, por tanto, un mayor volumen de exportación”, indica en su nota técnica.

Asimismo, pide “flexibilizar la aplicación de los criterios relativos a la financiación del material extranjero y del gasto local, tal como hacen otros países competidores de España”, y dar “máximas facilidades” para la cobertura de grandes contratos de infraestructuras o de plantas llave en mano que ejecuten en el exterior empresas españolas.

A su juicio el Cesce debería abrir además delegaciones en el extranjero y contratar a personal especializado para que pudiera poner en marcha políticas “más agresivas” de apoyo oficial a la exportación a través de contactos con clientes potenciales en países extranjeros.

Asimismo, aconseja que se refuerce la colaboración comercial de Cesce con sus accionistas bancos y aseguradoras para maximizar su actividad y además establecer alianzas o colaboraciones con agrupaciones de exportadores en la gestión y análisis de los riesgos semipúblicos o subnacionales.

También pide que se haga un seguimiento de su actuación con la elaboración de análisis sobre el impacto en la creación o mantenimiento de empleo de las exportaciones españolas que cuentan con apoyo financiero oficial.

Su batería de peticiones las justifica tras efectuar un análisis donde concluye que el sistema español de seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado “se ha quedado rezagado en un contexto en el que otros países competidores de España vienen aplicando, desde la crisis financiera de 2008, políticas más agresivas en las condiciones de financiación de operaciones de exportación con apoyo público”.