En una pregunta por escrito, a la que ha tenido acceso Servimedia, el europarlamentario español cuestiona el posible uso de este indicador por parte de la Comisión Europea puesto que se podría dar la paradoja que un país “que no ofrezca protección de ningún tipo para los trabajadores saldría primero” en el mencionado ranking.

Según argumenta Jauregui, el uso de este indicador tiene dos repercusiones principales, por una parte “contradice los principios fundamentales del derecho laboral internacional”, y por otra “puede llevar a recomendaciones políticas erróneas, pues no existe consenso general entre académicos sobre el efecto que tienen las regulaciones laborales en los resultados económicos”.

También considera que otros factores clave que definen un buen entorno para los negocios como son seguridad, estabilidad macroeconómica, el nivel de corrupción, el nivel de cualificación de los trabajadores, la firmeza de las instituciones públicas o la calidad de las infraestructuras no se incluyen en el índice DB 2010.

Por último, también critica que el informe “Doing Business” no haya incorporado asuntos como son los cambios y mejoras en nuevos marcos regulatorios, como el creciente cuerpo legal o "acquis" de la Unión Europea.