Se trata de una propuesta presentada por el grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Inida e Iniciativa per Catalunya-Verds, y otra del BNG.

En la primera, reclaman al Gobierno un proyecto de ley que crea un fondo cutrido con los beneficios de las centrales amortizadas, del que un 20% se destinará al mantenimiento y seguridad de las activas, un 15% al gestor, y un 50% al impulso e inversión en planes de energías renovables y mejora de la eficiencia energética.

Emplazan al Gobierno a hacer antes del 31 de diciembre de este año las pruebas de seguridad obligatorias en todas las centrales, cerrando de inmediato las que no las superen.

Proponen una reforma de la ley de responsabilidad civil por daños nucleares o provocados por material radiactivo para que el explotador de la instalación asuma con fondos propios y de forma ilimitada la cuantía de las reclamaciones, y para eliminar el “subsidio encubierto” a las compañías con centrales mediante el mecanismo de dotación del fondo.

Quieren además que se cancele el actual proceso de construcción del cementerio nuclear centralizado (ATC) y que cualquier decisión sobre la gestión de resíduos se supedite a un plan previo de cierre progresivo de las centrales con amplio consenso social, medioambiental y territorial.

Otro de los puntos de la resolución reclama una Ley de Energías Renovables para asegurar que generan al menos el 50% de la electricidad en 2020 y el 100% antes de 2050.

Piden, asímismo, una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética, con el objetivo obligatorio de reducir el uso de la energía primaria un 20% para 2020 sobre los niveles de 2005.

La del BNG reclama definir un calendario de cierre de todas las nucleares e impulsar un plan para sustituir esa energía por la procedente de renovables en el mix energético.

Propone además modificar la normativa a la que se acogen los titulares de las plantas solares fotovoltaicas para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuya rentabilidad o liquedez ha quedado deterioriada por esas modificaciones legales.

El BNG quiere también reducir la tarifa eléctrica de los consumidores e impulsar las energías limpias y renovables en detrimento de la nuclear, y propone para ello estipular el precio de la electricidad en función de los costes de generación de cada tecnología, para evitar la sobrevaloración de los costes, sobre todo en el caso de la nuclear e hidroléctrica, y evitar con ello los “beneficios caídos del cielo”.

El materia de energía, el PP aboga por una política basada “en un mix equilibrado” para reducir la dependencia del exterior y las emisiones de CO2, garantizar el suministro, la competencia, la eficiencia energetica y la sostenibilidad medioambiental.

El objetivo, dice el PP, es evitar que en plena crisis económica los incrementos de las tarifas energéticas reguladas erosionen aún más el poder adquisitivo de las familias e incrementen los costes de producción de las empresas, en particular de las pymes.

CiU también se refiere a la política energética en su propuesta sobre mejora de la economía productiva, y en ella urge al Gobierno a emprender las medidas neecsarias para desarrollar las conclusiones de la subcomisión parlamentaria sobre estrategia energética.

El objetivo, señala, debe ser reducir progresivamente la dependencia energética, garantizar la calidad del servicio, avanzar en eficiencia y ahorro, incrementar las interconexiones eléctricas con los países vecinos, y diversificar fuentes de producción con un mayor peso de las renovables y sin excluir ninguna fuente disponible.

En la línea de la propuesta del BNG, UPN propone también modificar el marco normativo al que se acogen los titulares de plantas solares fotovoltaicas para mantener la seguridad juridica de las inversiones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto ley de 2010.

Por su parte, el PSOE pide cambios en la normativa que regula condiciones administrativas y técnicas de la conexión a la red de baja y media potencia de las intalaciones de renovables para facilitar su desarrollo.

Reclama un Plan de Acción 2011-2020 para definir las estrategias de ahorro y eficiencia que reduzcan la dependencia exterior, y junto a las comunidades autónomas un plan de energías renovables y de planificación energética que aporte mayor seguridad al sistema.

Además, pide introducir en la normativa disposiciones que incrementen la protección de los consumidores para dinamizar el mercado minorista, evitando bloqueos en los cambios de suministrador, facilitando a los clientes el acceso a sus datos de consumo y evitando discriminaciones entre consumidores.