Los magistrados consideran que el texto legal ha de establecer que los ayuntamientos deben inscribir con carácter obligatorio en el Registro de la Propiedad la iniciación de los expedientes “para el restablecimiento de la legalidad urbanística perturbada y posteriores órdenes de demolición”, según explicaron desde el TSJM.

El objetivo de esta modificación debe ser evitar la situación a la que se enfrentan frecuentemente “terceros adquirientes de buena fe”, que tras comprar una vivienda se encuentran que tienen que demoler la misma, o parte de la misma, como consecuencia de una orden de demolición dictada contra el anterior propietario, de la que no tenían conocimiento.