Según un estudio publicado este martes sobre la solvencia empresarial y el derecho concursal por la fundación, los trabajos existentes entre los que se encuentran los del Banco de España apuntan que hasta un 40% de las empresas españolas necesitará llevar a cabo en los próximos meses al menos una reestructuración de los plazos de su deuda para poder seguir haciendo frente a los intereses y más de un tercio de este grupo tendrá, además, problemas de solvencia. “En torno a la mitad de estas empresas podrían ser viables con inyecciones de capital vía ayudas, quitas u otros mecanismos, pero la otra mitad sería incapaz de sufragar sus costes operativos de una forma continuada con los ingresos esperados a largo plazo y debería por tanto liquidarse”, señala el informe.

A estas cifras habría que añadir porcentajes “al menos similares y seguramente más elevados” de negocios no societarios que necesitaría algún tipo de inyección de capital o reestructuración de deuda para sobrevivir o tendría que entrar en un proceso de liquidación.

Apunta que, si se suman las medidas de impulso fiscal inmediato, aplazamientos y liquidez y garantías, las ayudas españolas otorgadas equivalen al 16,9% del PIB, frente a las de Italia (48,7%), Alemania (39,9%) y Bélgica (28,1%), que son los países con mayores porcentajes sobre el PIB, al tiempo que señala la ausencia de ayudas directas en España a las empresas que más lo necesiten.

En este contexto, Fedea incide en la necesidad de desarrollar una panoplia de instrumentos que ayuden a minimizar los daños empresariales.

Propone promover e incentivar la recapitalización de las empresas a través de mecanismos de mercado; ayudas directas a las empresas —aunque no necesariamente a fondo perdido— para cubrir parte de sus costes fijos, y mejorar los mecanismos concursales, y especialmente preconcursales, para favorecer la reestructuración de las empresas viables y la “rápida liquidación” de las que no lo son.

Para facilitar o incentivar las operaciones privadas de recapitalización puede ser conveniente introducir incentivos fiscales, reducir los costes de transacción y eliminar obstáculos administrativos.

Sobre las ayudas directas, cree que el Gobierno español “debería considerar la posibilidad" de otorgarlas a los sectores que están sufriendo pérdidas muy elevadas y persistentes de ingresos, además de atender con una lógica indemnizatoria las reclamaciones de los afectados por cierres y restricciones administrativas. En esta línea, ve conveniente “adecuar algunos tributos que son esencialmente costes fijos, como el IBI o el IAE, a la situación actual, estableciendo exoneraciones parciales o totales en función del nivel de actividad de los contribuyentes”.

También plantea ofrecer ayudas al menos parcialmente recuperables a través de mecanismos híbridos de financiación con un componente de capital como son los créditos participativos o la deuda tributaria de carácter contingente.

Al respecto, no cree que sea una estrategia óptima “recurrir a una empresa consultora para elaborar una regla de decisión que pueda aplicarse de forma automática” para decidir qué empresas deberían recibir ayudas directas, en referencia a las informaciones que apuntan que el Gobierno habría contratado a la consultora Oliver Wyman para ello.

Por otra parte, Fedea considera que, con ocasión de la trasposición de la nueva directiva europea sobre reestructuraciones empresariales, el derecho concursal debería proseguir la evolución iniciada con las sucesivas reformas de la Ley Concursal de 2003, introduciendo un filtro más rápido de qué empresas son o no viables y un tratamiento claramente diferenciado de ambas.

Por un lado, las empresas viables serían reestructuradas mediante un proceso de negociación extrajudicial en el que la intervención de la Justicia se limitaría a activar escudos protectores como puede ser paralizar ejecuciones durante la negociación, homologar los acuerdos y resolver posibles impugnaciones. Por otro, las empresas no viables entrarían en un proceso claramente orientado a su rápida liquidación, una rapidez que vendría a reforzar la posibilidad de vender unidades de negocio en funcionamiento.