Así lo precisó durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, en la que recordó que, según la campaña ‘Que no nos apaguen’, el 37% de estas personas ha vivido un “retroceso” de sus derechos, y defendió que la situación de pandemia representa un “riesgo realmente grave” que afecta a su salud y calidad de vida, a pesar de lo cual lamentó que no se haya tenido en cuenta la situación de discapacidad “desde el principio” de la crisis.

Tras rechazar que, al comienzo de la pandemia, se “priorizó” a las personas sin discapacidad sobre aquellas con algún tipo de discapacidad, Queiruga recordó que el tener una discapacidad no implica perder su derecho a acceder al sistema público sanitario, y lamentó que en los últimos meses se han reducido y paralizado muchos servicios, terapias o actividades “fundamentales” para que estas personas puedan tener una buena calidad de vida y sin los cuales, además, se puede perjudicar su estado de salud, como tratamientos de recuperación funcional, fisioterapia, tratamientos farmacológicos o tratamientos que dependen de unidades hospitalarias.

“Desde Cocemfe y nuestro movimiento asociativo nos hemos volcado en garantizar que nuestro grupo social siguiera recibiendo sus tratamientos, poniendo en marcha servicios de reparto de medicamentos y reforzando los servicios de terapias físicas”, espetó, al tiempo que hizo hincapié en que es el Estado el que “tiene la obligación” de asegurar la protección de los colectivos “más vulnerables” como el de las personas con discapacidad también en una “terrible situación” como esta, de la que, a su entender, es posible “extraer muchos aprendizajes”.

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

A este respecto, se refirió a una de las “reivindicaciones históricas” del movimiento asociativo, como es la necesidad “urgente” de conseguir una coordinación sociosanitaria “real y efectiva”, que, además de evitar “duplicidades” y contribuir a la sostenibilidad del sistema, también permitiría ofrecer una respuesta “coordinada, integrada, colaborativa y complementaria ajustada a las necesidades de las personas”.

“Hay muchas personas a las que se ha vulnerado los derechos y otras tantas a las que ni siquiera se los ha reconocido el sistema”, advirtió, al tiempo que exigió que se actualice el acceso a la condición legal de persona con discapacidad, teniendo en cuenta que el actual baremo de valoración de discapacidad data de 1999 y se encuentra “en fase de actualización desde hace muchos años”, convencido de que “está cerrando la puerta a los derechos de muchas personas con discapacidad”.

Asimismo, juzgó importante también que las personas con discapacidad tengan acceso a todos los tratamientos farmacológicos, productos sanitarios y ayudas técnicas existentes indicadas para cada tipo de discapacidad “de forma equitativa en todo el país y sin copago” y siguiendo unos “mínimos exigibles a todos los territorios”.

Junto a ello, estimó “inexplicable” que a día de hoy continúe habiendo más de 100.000 personas con discapacidad que no puedan salir de sus viviendas porque sus hogares se han transformado en “cárceles” y su edificio no es accesible y otros casi dos millones que sólo pueden salir cuando tienen ayuda de una tercera persona, por lo que urgió a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y a la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal que ayude a las comunidades de vecinos con más dificultades económicas.

Además, insistió en la importancia de que todos los productos, entornos, bienes y servicios sean accesibles y de mejorar la tasa de actividad de las personas con discapacidad con la creación de una nueva Ley General de empleo que ponga en marcha un nuevo modelo que incluya nuevas medidas que mejoren la empleabilidad de este grupo social.

En paralelo, consideró “fundamental que se reafirme y se asegure” la equiparación legal entre la situación de la incapacidad laboral permanente y la discapacidad para el ámbito del empleo y urgió a favorecer la autonomía personal, cambiando el paradigma de atención a la dependencia hacia un modelo de autonomía personal centrado en la persona y recordó que España tiene el “gran reto pendiente” de hacer que llegue la prestación de asistencia personal a quienes “verdaderamente la necesitan para tener una vida independiente”.

Además, urgió a atender a las necesidades específicas de las mujeres y de las niñas con discapacidad, que sufren una “múltiple discriminación", y abogó por un desarrollo rural “inclusivo” que impida que las personas con discapacidad se vean obligadas a “huir” de su entorno para no “malvivir” en sus zonas de residencia al tiempo que criticó que la pandemia ha ampliado la brecha digital del colectivo hasta el punto de que casi la mitad de las personas con discapacidad encuentran dificultades para usar dispositivos tecnológicos por cuestiones de accesibilidad, económicas o sociales.

En este punto, también denunció que las necesidades del alumnado con discapacidad han quedado “desatendidas” durante la pandemia al no contar con los apoyos necesarios y subrayó que la transición digital que necesita la escuela deberá ser “necesariamente inclusiva y asegurar la equidad y la calidad del sistema educativo”, convencido de que España “tiene que garantizar recursos para una educación inclusiva, gratuita y de calidad”.

Finalmente, recordó que cada año más de un millón de personas se benefician de la labor que realiza Cocemfe y su movimiento asociativo que, sin embargo, “nunca saben si podrán seguir haciéndolo al año siguiente”. “Vivimos en una situación permanente de incertidumbre a nivel económico, a lo que hay que añadir los modelos de justificación de las subvenciones a las que podemos acceder, más propios del siglo 20 que de la era de la digitalización en la que nos encontramos”, lamentó, para emplazar a generar un modelo de sostenibilidad que supere el modelo tradicional de subvenciones y saque a estas organizaciones del “eterno conflicto competencial”.

En este sentido, Queiruga admitió que el sector necesita “estabilidad” para poder seguir desarrollando unos proyectos que favorecen la autonomía personal, la educación inclusiva, la formación en igualdad de condiciones, el acceso al mercado laboral, la igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad y el acceso a una atención sociosanitaria en igualdad de condiciones y porque se ha revelado como un "pilar fundamental en la lucha contra la pandemia".

“Hemos sufrido en primera persona la pandemia, hemos frenado como hemos podido el impacto de la pandemia en nuestro colectivo, somos una pieza clave en la defensa de derechos, somos un actor clave en ayudar a conseguir la cohesión social y territorial tan necesaria y necesitamos transformar nuestras organizaciones para seguir prestando atención de calidad a las personas con discapacidad física y orgánica más afectadas por la pandemia”, agregó para justificar su petición de que la entidad y su movimiento asociativo puedan acceder a los fondos europeos de reconstrucción.