En este sentido, vinculó la decisión judicial con la actuación de la Xunta ante la demanda presentada por una empresa. Si bien opinó que el Gobierno gallego "tenía que defender a la Administración", también imagina que "la defensa" de la Xunta "se limitó a no contestar o a contestar a favor", dada la "suspensión cautelar" que el Ejecutivo aplicó "en el mes de agosto".

En función de esto, argumentó que el juez decreta la suspensión cautelar, que está "supeditada a la legalidad o no del decreto". Blanco se refirió a una resolución sobre una demanda anterior, que "desmonta todas y cada una de las alegaciones de las empresas".

Asimismo, confió en que el asunto se resuelva "cuanto antes" dado el "parón del sector" que esto provoca, con la consiguiente "repercusión en el desarrollo industrial que estaba previsto" y que permitiría generar empleo.