Así lo ha detallado este lunes Bruselas, que encuadra la autorización dentro de marco de ayudas acordado en su seno y a las que los países pueden acogerse. De hecho, forma parte precisamente del paraguas nacional de ayudas elevado a su vez por el Gobierno español para su autorización por parte del Ejecutivo comunitario.

Podrán acceder a ellas empresas radicadas en el país, “con independencia del tamaño” y de todos los sectores salvo el financiero, y “España estima que el número de beneficiarias podría exceder las 100.000”, según el documento publicado por Bruselas.

El Ejecutivo comunitario desveló el pasado 28 de enero un nuevo marco que amplia en cuantía, tiempo y herramientas los mecanismos de soporte que pueden poner en marcha los países si los consideran oportunos para ayudar a sus empresas.

Entre otros, elevaba a 1,8 millones la ayuda máxima que los gobiernos nacionales están autorizados a aportar a sus empresas perjudicadas por la situación creada por las restricciones impuestas para frenar la Covid-19 y prorrogaba hasta el 31 de diciembre la ventada para que puedan ser solicitadas.

Una de las medidas incluidas ahí es, precisamente, la posibilidad de cubrir los costes fijos de compañías especialmente golpeadas por la crisis con una dotación de hasta 10 millones por empresa, desde los tres millones que permitía hasta entonces, y que es el que acaba de autorizar a España.

También elevó desde 100.000 hasta los 225.000 euros las aportaciones máximas para empresa del sector agrícola; de 120.000 a 270.000 para compañías del sector de la pesca y la acuicultura; y de 800.000 a 1,8 millones para empresas del resto de sectores. Junto a estas opciones el abanico abierto por Bruselas permite ahora convertir en subvenciones directas o, incluso, cubrir los costes de funcionamiento de las empresas.

HASTA EL 90% DE LOS COSTES FIJOS EN MICROEMPRESAS

En el caso de España, la medida de apoyo aprobada ahora y que estaría incluida dentro del nuevo marco de temporal nacional especifica que proporciona una ayuda en forma de apoyo a los costes fijos “no cubiertos por medios de subvenciones directas, ventajas fiscales y de pago, anticipos reembolsables, garantías, préstamos y capital social”.

Se otorgará apalancándose en las entidades financieras para su concesión y podrán concederla cualquiera de las administraciones públicas a las que da cobijo el marco temporal de ayudas: la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y ayuntamientos o, incluso, organizaciones y otras entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna administración pública anterior.

El apoyo podrá ser cofinanciado por los fondos estructurales y otros fondos europeos y la ventana para su concesión estará abierta hasta el 31 de diciembre de este año. Cubrirán costes fijos no cubiertos incurridos entre el pasado 1 de marzo del 2020 y el día 31 de diciembre del actual 2021, siempre que la empresa sufra una caída de sus ingresos de, al menos, el 30% frente al volumen de negocio que era normal en el 2019.

En principio, la ayuda no superará el 70% de los costes fijos no cubiertos por otras ayudas salvo en el caso de microempresas y pequeñas empresas, donde podría llegar a cubrir el 90%. Su concesión se realizará en base a proyecciones de actividad y negocio, pero se verificará con cuentas auditadas viéndose en la obligación de recuperar las cuantías que excedan dichas horquillas de referencia de cobertura.

El Gobierno se compromete a informar sobre cada ayuda individual superior a los 100.000 euros que se otorgue con esta nueva medida y a partir de 10.000 euros si es para el sector agrícola o pesquero en un plazo máximo de 12 meses desde su concesión.

Según la documentación remitida a Bruselas, la nueva medida “tiene por objeto garantizar la continuación de la actividad empresarial en un momento cuando el funcionamiento normal de los mercados se ve gravemente perturbado por el Covid-19 y ese brote está afectando a la economía en general y provocando graves perturbaciones de la economía real de los Estados miembros”. Bruselas ha concluido que dicha medida es “necesaria, apropiada y proporcionada para remediar una perturbación grave” en el Estado y cumple “todas las condiciones del marco temporal”.