En declaraciones a Servimedia, Caamaño se refería al hecho de que el CGPJ le reproche que esté supuestamente dificultando la implantación de mejoras como los embargos automatizados de cuentas corrientes o que los juzgados puedan conectarse con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Estas innovaciones están siendo impulsadas por el órgano de gobierno de los jueces.

A este respecto, el ministro dijo que no entiende estas críticas, puesto que ha sido su departamento el que ha impulsado el desarrollo de instrumentos como el sistema EJIS, que permite “que todos los juzgados y tribunales de España puedan trabajar en red”.

Asimismo, Caamaño señaló que no entiende los “recelos competenciales” del CGPJ, ya que el Ejecutivo está comprometido con “el mayor proceso de modernización de la Administración de la Justicia habido en este país y cuyos resultados comienzan a ser apreciados”.

COMPETENCIAS

Además, el ministro acusó al órgano de gobierno de los jueces de que “en los últimos diez años no ha asegurado que los sistemas informáticos del Estado y las comunidades autónomas sean compatibles entre sí”.

Además, se refirió a que “es evidente que el diseño y la inversión en las infraestructuras tecnológicas al servicio de la Administración de Justicia, su gestión y mantenimiento son competencias propias del poder ejecutivo, en nuestro caso del Gobierno y de las comunidades autónomas”.

Añadió que esto es así porque estas mejoras “afectan no solo a jueces y magistrados, sino también al trabajo de los fiscales, de los secretarios judiciales y demás empleados públicos que integran la oficina judicial, a los abogados y a los procuradores y, sobre todo, a los ciudadanos, sobre los cuales el CGPJ no tiene competencia alguna”.