Así lo declaró a Servimedia Mario García, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), tras la inauguración de la Asamblea General de la entidad este sábado en Madrid.

Con la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, las comunidades deberán pagar las obras de accesibilidad que requieran los vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, siempre que su coste no supere 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, lo que significa nueve meses más que lo que recoge la normativa actual, que habla de tres.

La reforma, que forma parte de una ley que modificará a su vez varias normas para adaptarlas a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, supone "un paso" para Cocemfe, que cree, no obstante, que puede resultar "claramente insuficiente en algunos casos" y mantener "en arresto domiciliario" a muchos vecinos con problemas de movilidad.

Y si la futura norma no avanza todo lo que a esta entidad le gustaría no es tanto porque establezca el límite del coste de las obras de accesibilidad en doce meses, como por el hecho de que reconoce excepciones de pago para los propietarios más desfavorecidos económicamente.

Concretamente, la reforma, que esta semana ha pasado su trámite en el Congreso y ahora se enfrenta al del Senado, establece una excepción para excluir del pago de la derrama por obras de accesibilidad a los vecinos cuyos ingresos anuales sean inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Esta excepción se aplicará "excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que la unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, privativas o en los elementos comunes, superen el 33% de sus ingresos anuales".

En este sentido, el presidente de Cocemfe aseguró que el objetivo de su entidad no es obligar a pagar estas obras a los vecinos que económicamente no puedan hacerlo, sino buscar fórmulas "imaginativas" para sufragar su parte de la derrama.

Y entre estas fórmulas, García piensa en la de que sea el Gobierno quien se haga cargo de la derrama de los vecinos que no puedan asumirla y recuperar el dinero con la vivienda de esos propietarios, en el momento en que ya no la necesiten.