“Tenemos que dar un salto en la definición de violencia de género” para que salga del ámbito de la pareja. “Los estudios sobre violencia de género y mujeres con discapacidad” revelan que la violencia puede venir de otras personas. El estudio de las víctimas con discapacidad nos está ayudando a ver que el entorno es amplio: Las mujeres con discapacidad necesitan ayuda de otras personas en su entorno "y estas personas pueden ser las actoras las que realicen conductas de acoso o acometimiento”.

La Fiscalía quiere avanzar con la idea de apoyarse en el Convenio de Estambul, que contempla la violencia de género con criterios de definición “mucho más amplios”, de manera que sea toda la violencia sobre la mujer ejercida por el mero hecho de ser mujer. Las estadísticas revelan que el 45% de las víctimas tienen algún tipo de discapacidad.

Según la fiscal, “hay que dar la vuelta” al procedimiento judicial y “volcarnos en la víctima, acompañarla en el proceso judicial” y conseguir “que sólo tenga que prestar una declaración. No podemos obligarla a que reviva los hechos una y otra vez. Tenemos que acompañarla y grabar las declaraciones para que cristalice cómo se han producido y percibido los hechos en ese momento. Luego pasa el tiempo y no se perciben igual o hay dudas. El proceso penal no es sobre la víctima, ni sobre cómo lo cuenta. Tenemos que cambiar el foco. Tenemos que ponernos las gafas de ver".

En materia de discapacidad, además, defiende cambios profundos que incorporen en todos los ámbitos los preceptos de la Convención Internacionalidad de la Discapacidad de 2006 firmada por España.

“Necesitamos que todos nos la creamos y demos un salto desde una concepción paternalista de la discapacidad a una concepción en la que todos tengamos la misma capacidad jurídica y todos podamos desarrollar nuestras capacidades”, defendió. La idea es que exista un proceso de acompañamiento y de adaptación de todo el sistema policial y judicial a las condiciones de las personas con discapacidad.

Todo ello forma parte de un proceso de dignificación y respeto, un cambio total de parámetros sociales. En esa línea explicó, por ejemplo, que la figura del tutor sufrirá un cambio profundo. Ya no será quien tiene que “sustituir a esta persona en todo, usted tiene que apoyar a esta persona para que ella tome sus decisiones. ¡Qué cambio tan increíble!, dará la oportunidad a esa persona a que diseñe su propio modelo de vida”.

Es ahora cuando “estamos empezando a hablar del derecho a equivocarnos y la persona con discapacidad tiene derecho a equivocarse siempre cuando haya tenido acceso a toda la información adaptada para que pueda tomar sus decisiones. Es un cambio de toda la sociedad. Y es un cambio en la ley que va a ser muy importante”.

En materia de igualdad en relación al derecho al trabajo, Segarra insistió es que es necesario implementar ayudas para que las pequeñas empresas puedan realizar los ajustes razonables para adaptar los puestos de trabajo a las personas con discapacidad. “Son necesarias políticas que apoyen a las empresas para que hagan esos desarrollos. No necesitamos cambios legislativos, necesitamos políticas de impulso y apoyo a las empresas para que desarrollen programas especiales”.

En materia de accesibilidad a la justicia, la fiscal reconoció que “estamos en pañales” y defendió que el trabajo inmediato debe reforzar el acompañamiento a la víctima e identificar con precisión las necesidades de protección de una persona con discapacidad para que pueda acceder a sus derechos.

Recordó que el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal está ahora en fase de alegaciones para mejorar estos aspectos con figuras como la del “facilitador que ayude a entender un procedimiento judicial” y para ofrecer “una cara un poco más amable de la justicia”. En ese sentido, destacó la iniciativa de algunos Tribunales Superiores de Justicia que ya están emitiendo resoluciones de lectura fácil, que permitirán a los ciudadanos ejercer sus derechos.