Se trata de una de las reformas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y responde a recomendaciones específicas de los organismos internacionales para mejorar el marco regulatorio, el clima de negocios y los mecanismos de financiación para aumentar la eficiencia y productividad del tejido empresarial español.

Buscará así, por ejemplo, favorecer el tamaño y productividad de las empresas suprimiendo los obstáculos para fundar empresas o ganar dimensión que presenta el propio marco regulatorio o el desigual acceso a la financiación, así como las barreras al buen funcionamiento del mercado interior.

La consulta pública estará abierta hasta el próximo 19 de marzo, y permitirá recoger propuestas para configurar una propuesta de Anteproyecto de Ley que se elevará a Audiencia Pública de los operadores económicos en estos ámbitos.

Según el ministerio, la mejora de estos elementos “permitirá a las empresas tener una mayor capacidad para acometer las inversiones necesarias para seguir siendo competitivas en el contexto de la doble transformación digital y verde”, e impulsar su modernización e innovación. “Todo ello contribuirá al incremento de la productividad, factor determinante del crecimiento potencial de la economía, y a una mayor resistencia ante potenciales crisis”, indicó el ministerio.