Según explicó el Ministerio del Interior en un comunicado, la pieza es el decreto imperial del emperador Tiberio que regulaba los privilegios y la financiación de los soldados y los veteranos, promulgado inmediatamente después de la muerte de César Augusto.

La investigación comenzó cuando los agentes localizaron una significativa pieza romana cuando realizaban labores de rastreo en la web que iba a ser subastada en Madrid. En las primeras indagaciones, los agentes averiguaron que la placa arqueológica había sido adquirida por los actuales propietarios en una tienda de antigüedades de Sevilla cuyo dueño carecía de la documentación que avalase su procedencia legal.

Además, los investigadores constataron que la pieza de bronce, muy escasa en la Península Ibérica y de gran importancia histórica, no había sido incluida en el inventario de bienes arqueológicos que establece la Ley de Patrimonio Histórico.

La autoridad judicial acordó la intervención cautelar de la placa de bronce y solicitó la colaboración de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, para la designación de técnicos que llevasen a cabo los estudios oportunos de la placa y se le diese el destino definitivo más adecuado.