Según IU, por mucho que lo quiera "esconder" el alcalde con cálculos mensuales (dos euros por mes y 24 al año la subida anual del IBI entre 2012 y 2021), lo cierto es que, por ejemplo, una pensionista con un piso de protección oficial de menos de 80 metros pagará más de 600 euros al final del plazo de la nueva revisión catastral (2021), frente a los 154 euros que pagó en 2003, cuando comenzó la primera legislatura de Gallardón.

De hecho, según IU, entre ese primer año de gestión de Gallardón y el año pasado, la misma vecina vio cómo su IBI subía el 147%. En este escenario, Pérez recordó que IU ya propuso un acuerdo de todas las fuerzas políticas para modificar la Ley de Haciendas Locales y poder fijar tres tipos diferentes para que este impuesto sea más progresivo y "paguen más quienes más tienen".

"Frente a esa propuesta, al equipo de Gobierno le ha faltado tiempo para coger el dinero del contribuyente y luego ya veremos. Ya sabemos que es totalmente legal revisar el catastro cada diez años, lo que no tenemos tan claro es si los Ayuntamientos están obligados a ello como evidencia que algunos de ellos no han procedido en años a la revisión", opinó Pérez.

A su juicio, "ya que se ciñe tanto el equipo de Gobierno a las leyes en ciertos asuntos, también habrá que pedir que se cumpla para fijar las bonificaciones previstas en un plazo máximo de tres años para amortiguar el impacto del impuesto en las economías familiares". Recordó que la propuesta de IU en este sentido es fijar deducciones fiscales en el IBI en rentas inferiores a unos 16.000 euros al año, de modo que se pueda llegar a la supresión del pago si las condiciones económicas de las familias así lo aconsejan.