La iniciativa fue presentada por el PP y contó con un empate de 17 votos a favor (PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos y Grupo Mixto) y otros 17 en contra (PSOE y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común). Tras unos momentos de confusión en la Mesa, se procedió al desempate mediante el voto ponderado, es decir, la suma total de los diputados de los grupos parlamentarios con representantes que alzaron la mano. Así, la proposición no de ley salió adelante con 172 votos a favor y 155 en contra.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de noviembre que el límite de velocidad para los vehículos baje de 50 a 30 km/h en la mayoría de las calles de todas las ciudades de España a partir del 11 de mayo de 2021, pues esa reducción afectará a las vías de un único carril por sentido de circulación, tal y como recoge un real decreto sobre medidas urbanas de tráfico que modifica el Reglamento General de Circulación.

Esa norma fija tres límites genéricos de velocidad en las vías urbanas (actualmente hay uno y es de 50 km/h), según pudo comprobar Servimedia: 20 km/h para las calles de plataforma única de calzada y acera, 30 km/h para las de un único carril por sentido de circulación, y 50 km/h para las de dos o más carriles por sentido (en este último caso, 40 km/h para los vehículos con mercancías peligrosas).

Ello supondrá que la mayoría de las calles rebajen el tope de 50 a 30 km/h (por ejemplo, el 80% de las calles de Madrid son de sentido único o de un carril por sentido). Los carriles bus o reservados para taxis u otros usuarios no cuentan en estas limitaciones genéricas. No obstante, se permite que los ayuntamientos puedan rebajar esos límites y subir excepcionalmente el de 30 a 50 km/h.

Los cambios en los límites de velocidad entrarán en vigor seis meses después de la publicación del real decreto en el BOE para que los ciudadanos los conozcan de forma adecuada y las administraciones públicas dispongan de un plazo suficiente para adaptar la señalización.

PORTAVOCES

Jaime Mateu, del PP, defendió la propuesta, que solicita al Gobierno a "apoyar económicamente el esfuerzo que van a realizar las entidades locales al adaptar la señalización de sus vías urbanas a los nuevos límites de velocidad aprobados por el Consejo de Ministros" y a "subvencionar, a todas las entidades locales, el 100% de los costes tanto de la ejecución de la señalización como del suministro de materiales para la señalización horizontal y vertical necesarios para la adaptación de los nuevos límites de velocidad de las vías urbanas".

Mateu indicó que la iniciativa ayudará a las "maltrechas arcas de los ayuntamientos" por los gastos que actualmente están incurriendo con motivo de la pandemia del coronavirus y reiteró que "dinero hay" en el Gobierno para ello, al recordar que el director general de Tráfico, Pere Navarro, comentó en 2019 que el Ministerio de Fomento sufragó las señales de la reducción del límite a 100 a 90 km/h en algunos tramos de carreteras convencionales y señalar que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé ingresar este año 355,1 millones de euros en multas, recargos e intereses de demora no tributarios, y 574,6 millones de euros en tasas. "Tenemos el abanico legislativo preparado", apuntó.

Francisco José Alcaraz, de Vox, indicó que la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial permite que puedan financiarse situaciones como la propuesta por el PP, pues los ayuntamientos tendrán "un gasto impresionante" al instalar nuevas señales de tráfico, cuando muchos de ellos están "prácticamente en quiebra", con lo que las ayudas del Gobierno supondrían "un soplo de aire" con los ingresos de la DGT procedentes de las sanciones de tráfico.

Juan Francisco Serrano, del PSOE, recriminó a los diputados del PP que pidan dinero para los ayuntamientos en cambiar señales de tráfico cuando desde ese partido hace pocos meses "boicotearon" que los ayuntamientos dedicaran su superávit a gastos derivados de la pandemia del coronavirus y cuando gobernaron los populares entre 2013 y 2017 "asfixiaron" a las corporaciones locales en "plena crisis económica".