Caamaño expresó este deseo en respuesta a la pregunta que le dirigió en la sesión de control al Gobierno el diputado del PNV Emilio Olabarría.

Olabarría citó el desfase entre el número de diligencias previas que se incoan y las que finalmente llegan a juicio, e preguntó qué medidas piensa tomar Justicia para garantizar el secreto de las instrucciones sumariales, dado el escaso tiempo que resta de legislatura.

El ministro coincidió con el diputado nacionalista en la necesidad de una reforma integral del proceso penal, porque después de 65 modificaciones, 47 de ellas posteriores a la Constitución, aún perviven normas en desuso, otras cuya vigencia está en duda y otras que no responden a las necesidades de la justicia penal.

En esa línea, se mostró contrario a las "reformas parciales" que "agravan las carencias estructurales" y defendió los trabajos de su departamento al iniciar el camino hacia un nuevo proceso penal.

Olabarría centró su turno de réplica en la oposición del secreto de las instrucciones sumariales y la libertad de información, lamentando que a veces se califique de "leyes mordaza" las que tratan de enfrentarse a un delito reconocido en el Código Penal.

Para el diputado nacionalista, "no se puede convivir" ni "dar carta de naturaleza" a un delito "como si fuera normal", tanto más cuanto que "se comete cada vez con más frecuencia".

Caamaño suscribió que la conducta de revelar las diligencias sumariales está tipificada como delito y dijo que está incluida en la preocupación del Gobierno por diseñar un procedimiento penal completo, ágil e integral para que, entre otras cosas, se "acote la fase de investigación y se ponga fin a la palabra 'imputado'".

Además, abogó por incorporar un estatuto jurídico de las víctimas, promover el derecho a una segunda instancia, los derechos de los profesionales de la Justicia y compatibilizar las garantías constitucionales con la libertad de la información.